La Presidenta Michelle Bachelet tiene un nuevo gran dilema: El nombramiento del nuevo fiscal nacional, quien reemplazará a Sabas Chahuán. Pasa que la decisión de inhabilitarse afecta una eventual nominación del fiscal que está viendo el Caso Caval, Luis Toledo, que es uno de los cinco nombres que propondrá la Corte Suprema a la propia mandataria.
De hecho, Toledo ya presentó ante el máximo tribunal del país una carpeta con sus antecedentes, oficializando de esta forma su candidatura para el cargo que deja Chahuán. Entre los otros postulantes está el jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, quien el viernes oficializó su postulación.
Cabe destacar que Toledo se encuentra desde febrero investigando la compra y venta de terrenos que hizo la empresa Caval en Machalí. Una empresa que es en un 50% propiedad de Natalia Compagino, nuera de Bachelet y esposa de Sebastián Dávalos, quién ofició como gerente de proyectos de la firma.
Por eso Toledo ha tenido que tomar declaraciones en calidad de imputado al hijo de la jefa de Estado.
El conflicto es evidente ya que a la Presidenta Bachelet le corresponde seleccionar a uno de los nombres que proponga la Corte Suprema, para luego ser ratificado por el Senado con dos tercios parlamentarios.
Eso sí, algunos senadores expresaron que el Caso Caval no debería inhabilitar a la Presidenta para designar al nuevo fiscal nacional, utilizando el argumento de que los gobernantes deben interponer los intereses generales sobre los particulares.
Así lo expresó el senador PPD, Felipe Harboe al diario La Tercera, donde precisó que “no creo (que se deba inhabilitar), aunque no tengo opinión formada al respecto. Los gobernantes, cualquiera sea su color político, deben interponer el interés general al particular. No me cabe duda que no será la excepción”.
Por otro lado, el UDI Juan Antonio Coloma dijo que “yo, en general, creo que las personas tienen que cumplir con sus deberes. No conozco el caso en particular. Esto hay que tomarlo con harta seriedad”.
En tanto, Pedro Araya, independiente que pertenece a la banda DC, señaló que la eventual postulación de Toledo “creo que no implica una inhabilidad (para la Presidenta). Ella va a ejercer su deber constitucional mirando el interés superior del país y no una causa puntual”.
Por su parte, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó que “el gobierno en su momento, cuando le corresponda de acuerdo a la Constitución, se va a pronunciar de acuerdo a la propuesta de cinco nombres de la quina que le presente la Corte Suprema”.
En ese sentido, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, expresó que “no corresponde que hagamos ningún tipo de pronunciamiento respecto a quienes participen. Por de pronto, todas las personas que cumplen con los requisitos por concurso abierto lo pueden hacer”.
