Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), expresó que el organismo está analizando nuevas querellas en el marco del caso Caval, las cuales se sumarían a las presentadas en contra de los funcionarios de la municipalidad de Machalí, Cynthia Ross y Jorge Silva, además del intermediario Juan Díaz.
Piña recalcó que estas acciones judiciales son por cohecho agravado y, en el caso de Díaz, por soborno. Y es que el CDE apunta que Juan Díaz habría realizado ocho pagos a Silva y cinco pagos a Cynthia Ross, en su calidad de funcionarios municipales.
El presidente del CDE explicó a radio Biobío que “la caja no cuadra”, ya que Díaz consiguió 420 millones en su rol de intermediario, mientras que la persona que lo contrató solo obtuvo un poco más de 170 millones.
En otra arista de esta indagatoria, el diputado PS Juan Luis Castro aseguró que se indagará la compra de software computacionales realizados por dos servicios de salud de la región Metropolitana, la que habría tenido como gestor a Mauricio Valero en nombre de la empresa Caval.
Castro explicó que se buscará ver “en que situación se encontró el Servicio de Salud Central y el Occidente respecto a esos equipos informáticos que aparecen intermediados por Caval y si existen acciones que estén investigando si el ex director de esa zona en el gobierno anterior, Nibaldo Mora, habría facilitado o no el ingreso de esos equipos”.
