El gobierno no se pronunció públicamente sobre la quina elaborada por la Corte Suprema con los candidatos a fiscal nacional. Pero en privado, la determinación, sobre todo en la de incluir en el primer lugar al persecutor a cargo del Caso Caval, Luis Toledo, generó reacciones.
Según informa La Tercera, la primera lectura de Palacio y compartida por senadores es que en relación a Toledo, la Presidenta Bachelet no tendrá una “decisión limpia”, porque si lo selecciona se abre la posibilidad de críticas de que se estaría buscando sacarlo de la indagación a su familia, y si se inclina por otro nombre se podrían levantar voces que acusen de una revancha o castigo a Toledo.
Por eso algunos parlamentarios plantearon que la solución es que Palacio, antes de definir la carta, explore cuál de las cinco puede generar unanimidad en el Senado. De esa forma, no existiría espacio para cuestionamientos al elegido.
“Si bien es facultad presidencial, como el nombre lo debe ratificar el Senado esto obliga a un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo el senador PPD Felipe Harboe.
Sobre el fiscal de O’Higgins, Harboe agregó que “en lo de Toledo había más dudas porque es quien lleva el caso Caval, pero incluido él, se trata de muy buenos candidatos”.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, coincidió que la postulación de Toledo genera un escenario complejo para el gobierno. “Es un tema, efectivamente. No es algo fácil. Pero me parece que podría igual asumir las responsabilidades”.
A su turno, el socialista Alfonso de Urresti expresó que “esperamos que el candidato propuesto reúna el máximo de consenso”.
La noticia positiva para Palacio estuvo en la inclusión de Juan Enrique Vargas en la nómina final. El decano de Derecho de la UDP cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Jorge Burgos, y la titular de Justicia, Javiera Blanco. Eso sí, el entusiasmo era moderado ayer ya que en la casa de gobierno se recordó que Vargas -pese a obtener la primera mayoría en 2007- no fue considerado por Bachelet, quien sorprendió al optar por Sabas Chahuán, tercero en aquella lista.
Los senadores han acompañado el proceso de selección de los cinco postulantes con el debate sobre si deberían o no inhabilitarse de la votación aquellos legisladores vinculados a alguna de las investigaciones por financiamiento irregular de la política.
En las conversaciones en el Congreso se han configurado tres posturas. Están los que creen que sólo deberían restarse aquellos senadores formalizados, es decir, por el momento sólo el UDI Iván Moreira.
Otro formalizado es el independiente Carlos Bianchi, pero al estar también desaforado, no puede participar de la votación.
Además, hay quienes estiman que la inhabilidad debe afectar a todos los que estén relacionados a las indagaciones, con lo que el número llegaría a unos ocho.
Y por último, un grupo mayoritario de senadores cree que todos deben votar, excepto los que estén impedidos formalmente, es decir, Bianchi.
