“Cartel del papel confort”: colusión habría iniciado por amenazas de borrar del mercado a una de las empresas

En el contexto económico y empresarial de nuestro país existe lo que se llama la libre competencia. Donde “se supone”, ya que es pura teoría, que cualquier empresa que tenga los fondos y la experiencia puede empezar a integrar un rubro productivo, y así ser un participante del mercado. Como si hubieran siete empresas que producen productos derivados del papel, y quisiera entrar una octava.

Pues los antecedentes que se desprenden del requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del grupo Matte, y de la firma sueca SCA, que compró PISA, otrora firma del ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle, demuestran que esta teoría sólo se queda en los buenos deseos.

“Welcome party”, o “fiesta de bienvenida”. Así es como describen desde SCA cómo fue que su empresa fue “recibida” en el mercado del toallas y papel higiénico, servilletas y similares, cuando llegaron los nuevos gerentes, el 2.005, a intentar integrar un mercado que tiene por participante mayor a la CMPC. De acuerdo a La Tercera, esta “fiesta” fue que CMPC realizó una agresiva maniobra en este rubro: bajó sus precios en los productos que compiten. Era una advertencia, según interpretaron en la firma sueca: no debían seguir su camino propio y deben alinearse con los dictados del mayor participante para fijar tanto precios como cuotas de mercado.

Aquello, según la SCA -y no cerca del año 2.000, como acusa la Fiscalía Nacional Económica- correspondería al génesis del “cartel del confort”, en el que estas empresas son imputadas de ponerse de acuerdo para fijar sus precios, lo que derivó en una cinematográfica trama que incluía comunicaciones por casillas de correo falsas, para no ocupar cuentas institucionales, celulares prepago -para evitar registro de llamadas en teléfonos personales- nombres clave como “bomba” o “parte de matrimonio” para referirse a las planillas de los precios, y lo más inaudito: computadores lanzados al agua del canal San Carlos, con el objetivo de eliminar evidencia en el 2011.

SCA declara haber actuado bajo presión, y sus dichos también van de acuerdo a como se defiende Gabriel Ruiz-Tagle, también pre candidato a la alcaldía de Providencia. Éste, junto con aducir motivos políticos para que se le involucre en este momento en esta acusación, descarta haber participado en actos de colusión. En el escrito que entregó la FNE al Tribunal de la Libre Competencia se afirma que el ex titular del Deporte se reunió con Jorge Morel, entonces gerente general de la división Tissue de CMPC. Ruiz-Tagle asegura que se reunieron para ver reclamos precisamente ante esta “guerra de precios depredatorias”, como describió ayer a Radio Cooperativa.

El tamaño de ambas empresas en este rubro particular en nuestro país da cuenta de que se habría intentado ejercer “la ley del más fuerte”: El 2013 la participación de CMPC alcanzaba un 75%, versus SCA que ostentaba tan sólo un 11%. Lo que acusa de vuelta la papelera de Matte es que, en realidad la firma sueca tiene muchas más espaldas financieras a nivel mundial, ya que tiene ventas a nivel mundial por 13 mil 940 millones de dólares en el año pasado, mientras que CMPC alcanzaría los cuatro mil 846 millones de dólares.

En el requerimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la Fiscalía Nacional Económica pide que CMPC no sea multada, ya que empezó a cooperar desde el 27 de marzo. Este proceso se llama “delación compensada”, y funciona de forma similar a como en la justicia criminal un delincuente da cuenta de su participación en un ilícito, buscando la posibilidad de rebajar la pena. En este caso, el ente persecutor sólo tiene la facultad de dar multas. Y como la CMPC empezó a cooperar antes, estaría libre de este pago. Ahora, en el mismo requerimiento, también se dice que la TDLC no podrá multar a quien no se haya individualizado “salvo que se acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita coaccionando a los demas a participar en ella”.

O sea, si es que el Tribunal acoge lo que plantea la SCA, para la que actualmente se pide una multa de cerca de 15 millones de dólares, CMPC podría tener que pagar multa, cuyo máximo asciende a más de 23 millones de dólares.

Un tema que aún está pendiente es la indemnización por los perjuicios causados a los consumidores, lo que aún ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica no se atreva a aventurar. No obstante, ya los abogados de ambas empresas están preparando sus argumentos. Según SCA, no habrían antecedentes para indicar que el cartel existiría antes del 2.006, pero CMPC vería poco probable que se vieran enfrentados a una posible multa.