Desde la tarde del jueves los funcionarios del poder judicial en Rancagua ubicaban vallas papales en las cercanías de los accesos del tribunal, para poder controlar el masivo flujo de gente –entre periodistas, imputados, fiscales y abogados- que participarán en la audiencia de comunicación de cargos por el llamado caso Caval.
La indagatoria, que encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, busca esclarecer la eventual comisión de delitos en el proceso de compra-venta de un terreno en la comuna de Machalí por parte de la empresa Caval, que tiene por socios a Mauricio Valero y a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.
En lo que avanzaban las diligencias, se fue develando una compleja trama donde existirían delitos de cohecho, prevaricación (cuando un abogado perjudica a su cliente), delitos tributarios y posiblemente ventajas indebidas por parte del síndico de quiebras, Herman Chadwick, el que estuvo a cargo del proceso de liquidación de los bienes de la familia Wiesner, otrora dueños del controversial predio de la VI región.
A cerca de un año de que se publicara el reportaje de la revista Qué Pasa que dio paso a este remezón político, se estima, de acuerdo a El Mercurio, que el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para el socio de Compagnon, Mauricio Valero, al que se le imputarán los cargos de eventual soborno y declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.
Otro imputado que podría correr una suerte similar es Chadwick, quien enfrentará el delito de supuestas ventajas indebidas del síndico y declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. En tanto el gestor inmobiliario y ex operador político UDI, Juan Díaz, enfrenta tres delitos: soborno, ventajas indebidas y facilitación de documentación falsa. Extraoficialmente se plantea que si es que se cumple con esta cautelar, la más grave de nuestro ordenamiento jurídico, los imputados serían trasladados al área de salud de la cárcel de Rancagua.
Para la nuera de la mandataria el ente persecutor sólo tendría contemplado solicitarle firma y arraigo nacional.
Como parte de la evidencia que se presentará en la audiencia, existe una serie de correos que fueron enviados entre los imputados donde se daría cuenta de las gestiones para cambiar el uso de suelo –de particular a comercial- en el predio de Machalí.
Los otros involucrados en esta audiencia de comunicación de cargos son Jorge Silva,, ex director de obras de la Municipalidad de Machalí, quien enfrentará el delito de cohecho, y como cómplice está Marisol Navarrete. Cynthia Ross, ex funcionaria de la misma municipalidad y arquitecta, está involucrada bajo el delito de cohecho. Patricio Cordero, otro operador involucrado, enfrenta el cargo de facilitación de documentación tributaria falsa por servicios no prestados a Caval. Paulina Besserer enfrenta el mismo delito que Cordero. En tanto que Mariclara González se le imputaría el delito de ventajas indebidas del síndico, Pablo Ovalle enfrenta el mismo delito, además de prevaricación de abogado por encubrir las ventajas indebidas del síndico y Daniel Huerta enfrenta los dos mismos cargos. Andrés Orchard, por su parte, está considerado que enfrente cargos en calidad de cómplice de ventajas indebidas.
A nivel político este caso genera una profunda incomodidad a la mandataria Michelle Bachelet, la que incluso aplazó un viaje para esta jornada a Cabo de Hornos, por lo que se encontrará en labores mientras la esposa de su hijo, Sebastián Dávalos, enfrenta esta jornada de formalización.
Una de las personas que ha sido vinculado al caso, el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, ha enfrentado una serie de acusaciones por parte de la oposición, al haber recibido a Juan Díaz en La Moneda, a causa supuestamente de dinero que Natalia Compagnon le adeudaba. Éste aún se mantiene en su cargo.
“Lo que le interesa al gobierno y a quien lo preside, es que las instituciones funcionen y funcionen conforme a lo que dice la Constitución y la Ley. En materia de persecución de delitos que el Ministerio Público estima que tienen esas características, es decir que son delito, hay todo un procedimiento. Ahora corresponde la formalización”, indicó este jueves el ministro del Interior, Jorge Burgos, intentando dar visos de normalidad a una situación compleja tanto para la mandataria como para el gobierno. No se descarta que la Presidenta se pronuncie respecto de este caso durante esta jornada.
