Cristian Riquelme, actual administrador de La Moneda, no tenía ninguna obligación en declarar sus intereses. De hecho, se amparó bajo un vacío legal que le permitía omitir dicha información: su cargo de director administrativo quedaba excluido del marco de funcionario público.
La opinión pública tenía especial interés en conocer los intereses de Riquelme, luego que se supiera de su participación en el caso Caval. Pero para aplacar las críticas, finalmente el cuestionado administrador de Palacio hizo público los datos que le pedían: la tasación fiscal y comercial de los inmuebles que posee, que son cinco en total.
Y aunque Riquelme lo hizo -se supone- voluntariamente, a partir de abril próximo será obligatorio. Eso porque, según consigna El Mercurio, la ley de probidad y transparencia, promulgada en enero, extendió la obligación de declarar, detalladamente, sus patrimonios e intereses a “funcionarios directivos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o jefe de división o su equivalente en grado”. O sea, el cargo que ocupa Cristian Riquelme.
La ley, que nació a raíz de las propuestas de la comisión Engel, busca endurecer los estándares de transparencia de la política y cargos públicos. Exige mayor detalle en las de bienes, actividades realizadas y sociedades que compone, a la vez que aumenta las sanciones a los infractores de esta norma llegando incluso a pedirle el cargo a quien no cumpla con la ley.
