Al Senado proyecto que crea nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil

En relación a la colaboración público-privada, se mantendrá un modelo de externalización de programas, que deberán ser acreditados, licitados y monitoreados.

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Con este organismo se dejará atrás el Servicio Nacional de Menores. Foto: Agencia UNO
Con este organismo se dejará atrás el Servicio Nacional de Menores. Foto: Agencia UNO
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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica la Ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, junto con otras normas.

Cabe recordar que la iniciativa, ingresada durante la administración de la Presidenta Michell Bachelet, lleva casi cuatro años en tramitación y surgió luego de los cuestionamientos al Servicio Nacional de Menores (Sename) y al sistema de justicia y de reinserción infantil, adolescente y juvenil.

La idea matriz es la creación del denominado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de ley.

Dicha propuesta considera los acuerdos en materia de infancia y seguridad, tras la conformación de mesas con distintos actores en 2018, que confluyeron en reemplazar y superar el Sename, distinguiendo dos roles distintos en protección de infancia vulnerada e infractora.

En el cumplimiento de su objetivo, la nueva entidad deberá garantizar el pleno respeto por los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales.

Se contempla el nombramiento de autoridades del Servicio por Alta Dirección Pública, la creación de un Consejo Nacional de Reinserción Juvenil coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permitirá generar una política que influya en la agenda de los otros sectores.

En relación a la colaboración público-privada, se mantendrá un modelo de externalización de programas, que deberán ser acreditados, licitados y monitoreados.

Se reemplaza el sistema de subvenciones, por un nuevo modelo de financiamiento. En tanto, la acreditación, será un proceso en el cual se evaluarán las capacidades de las entidades privadas para el cumplimiento de los estándares de calidad previamente determinados. Para ello se efectuará un proceso de evaluación ejecutado por las direcciones regionales, cuyos resultados serán ratificados previo informe del Consejo de Estándares y Acreditación.

En otro aspecto, se establece la obligación de denuncia de los funcionarios del Servicio o de los directores o profesionales de los órganos colaboradores en caso de vulneración de derechos que fuese constitutiva de delito, la que deberá realizarse dentro de un plazo de 24 horas a la autoridad competente en materia criminal.

Durante la votación, se ratificó la indicación del Ejecutivo aprobada en Hacienda, referida al traspaso de funcionarios del Sename al nuevo Servicio, los que deberán cumplir con los requisitos exigidos y los perfiles de los nuevos cargos (3.470 funcionarios).

Por último, entre otras materias, se aumentará el número de jueces, fiscales y defensores especializados en forma gradual y se establecerán salas exclusivas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Concepción, así como salas preferentes en otras regiones del país. 

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