Luego de que publicara el informe final de Contraloría sobre las irregularidades administrativas en el ingreso de niños haitianos al país para procesos de reunificación familiar, la contralora Dorothy Pérez expuso los pormenores de este documento ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
La filtración del preinforme generó revuelo a nivel nacional la semana pasada, debido a que éste alertaba fallas en la trazabilidad de los niños y de 64 casos en los que la Contraloría no logró dar con el paradero de estos. La presunta vulneración de los derechos de estos menores de edad generó un proceso de búsqueda de parte de la Policía de Investigaciones y la creación de una fuerza de tarea a cargo del Ministerio de Desarrollo Social para agilizar la entrega de información. Ayer, estos dos entes informaron que los 64 menores de edad fueron encontrados en buenas condiciones.
Al respecto Dorothy Pérez expuso que en la fiscalización en terreno “no se habían realizado estas tareas en los términos en que la ley mandata”. Aludiendo al informe final, especificó que “se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití“.
Así, para ejemplificar la falta de coordinación sostuvo: “Hubo un caso de fallecimiento de la persona que esperaba estos niños para la reunificación familiar en Chile. Falleció antes de que los niños se embarcaran y viajaran a Chile, pese a lo cual viajaron”.
Contraloría denunció presuntas coimas
La contralora justificó el envío de antecedentes al Ministerio Público antes de la emisión del informe final, pues “en una de las visitas efectuadas, uno de los padres informó la presunta desgracia de una de las menores que estaba en este grupo de niños, niñas y adolescentes”.
También relató que recibieron una denuncia sobre una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones “que habría agilizado, según indicaba la denuncia, la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos”.
Pese a que esta denuncia no pudo ser acreditada por la Contraloría y por eso fue derivada al Ministerio Público, de igual manera el ente contralor constató que “distintos aplicativos que utiliza el Servicio de Migraciones para registrar y controlar las solicitudes migratorias y sus resultados tenían deficiencias muy relevantes. Por ejemplo, la falta de segregación de funciones, la falta de perfiles de usuarios, la falta de definición de roles. Y todo esto genera riesgos que pueden permitir que una situación como la denunciada se materialice“.
Pérez adelanta pronto resultado de sumario y llama a verificar otros casos
Por otra parte, Pérez expuso que solicitaron a otras instituciones que evalúen la trazabilidad de otros procesos de reunificación familiar. “A lo menos se debería verificar la situación de 269 menores de esta muestra, idealmente de 1.229. Por esa razón, el hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia en términos institucionales y sobre todo desde el punto de vista de la efectividad del sistema de protección integral de menores de nuestro país, pero es bastante acotada, porque son 1.229 (niños que ingresaron) para ese periodo y ese periodo es sólo de cuatro meses”, acotó.
A su vez, al referirse a la filtración del preinforme defendió que la Contraloría tomó los resguardos para evitar este escenario a través de dos mecanismos: la entrega de este documento únicamente a una persona de cada servicio auditado, vale decir a la PDI, al Sermig y a la Subsecretaría de la Niñez, y de forma encriptada, con una clave digital que se proporcionó presencialmente.
“Tengo bastante certeza de que el proceso disciplinario que la Contraloría General de la República ordenó para investigar esta materia, respecto de las tres instituciones que recibieron este documento, va a tener prontos resultados”, afirmó.
