La viuda y el hijo de Ronald Ojeda, exteniente venezolano secuestrado y asesinado en Santiago durante febrero de 2024, presentarán una demanda civil en contra del Estado de Chile con el objetivo de que la justicia determine si existió responsabilidad por una eventual falta de protección hacia el exmilitar, quien contaba con la condición de refugiado político.
La acción judicial corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios y busca establecer si hubo incumplimientos por parte de organismos estatales en el deber de resguardar la seguridad de una persona que había recibido protección oficial en el país.
“El Estado tenía el deber de protegerlo. Tenía la obligación de garantizar que una persona perseguida políticamente, a quien se le otorgó refugio, estuviera a salvo en territorio chileno. Eso no ocurrió”, afirmó Rodrigo Valdivia, abogado patrocinante de la familia.
Ojeda había recibido residencia definitiva en Chile y contaba con la garantía de no devolución, medidas otorgadas como parte de su estatus de refugiado. Sin embargo, el 21 de febrero de 2024 fue secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia por individuos armados que simularon ser funcionarios policiales.
Días más tarde, su cuerpo fue hallado en Maipú, enterrado bajo una estructura de cemento, en un caso que generó amplio impacto a nivel nacional e internacional.
Por qué la familia de Ronald Ojeda demandará al Estado
Tras el crimen, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el Estado chileno había cumplido con las obligaciones legales correspondientes, aunque reconoció que dichas medidas no lograron impedir el asesinato.
Según explicó Valdivia, la legislación permite que los tribunales evalúen una eventual responsabilidad civil del Estado aun cuando no exista una participación directa de sus instituciones en los hechos.
“La responsabilidad del Estado no exige acreditar una acción directa de sus órganos. Basta demostrar falta de servicio, omisión o incumplimiento del deber de protección. En este caso, estimamos que existen antecedentes graves que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales”, señaló el abogado.
En tanto, la demanda pretende obtener una compensación económica para la viuda y el hijo de Ojeda, además de que la justicia se pronuncie sobre el alcance de las obligaciones del Estado respecto de las personas que reciben protección internacional en Chile.
El caso ha sido catalogado como uno de los crímenes de presunta motivación política más graves investigados en el país durante los últimos años. De acuerdo con la Fiscalía, el secuestro y homicidio habrían sido coordinados desde Venezuela con la participación de integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.
Incluso, en marzo de 2025, parte de los antecedentes reunidos en la investigación fueron expuestos ante la Corte Penal Internacional, en el marco de las diligencias relacionadas con el caso.
