Qué pasó con los US$600 millones que le costaron el cargo a Yasna Provoste

De acuerdo a un documento elaborado por Contraloría, en base a la revisión de cheques, "se desconoce el destino" de los recursos gastados en subvención entre 2004 y 2006, antes de la llegada de Provoste a la cartera.

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Yasna Provoste estuvo inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 2008 y 2013. FOTO DE AGENCIA UNO/ARCHIVO
Yasna Provoste estuvo inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 2008 y 2013. FOTO DE AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Junto al apoyo que recibió la senadora Yasna Provoste (DC) por parte del PPD, RD, PS y miembros de su tienda para ser la nueva presidenta de la Cámara Alta, la candidata presidencial de la falange, Ximena Rincón, recordó cómo la legisladora se sobrepuso a la destitución del Ministerio de Educación (Mineduc) que enfrentó en 2008 a raíz del caso Subvenciones.

Por esos días, la extinta Alianza por Chile (RN y UDI) quería que Provoste asumiera la responsabilidad política por el caso Subvenciones donde la Contraloría General de la República detectó la falta de documentos y respaldos de US$ 600 millones, más de $262 mil millones de la época, transferidos por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana a sostenedores educacionales entre los años 2004 y 2008.

De esta forma, finalmente la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la destitución de Provoste, junto con dejarla inhabilitada por cinco años -entre 2008 y 2013- para ejercer cargos públicos.

En paralelo, el caso concluyó en lo judicial en 2009 con la condena de 11 años de cárcel para la ex funcionaria del Ministerio de Educación, Franka Grez, quien se apropió de $290 millones mientras trabajaba en el Departamento de Finanzas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi).

Sin embargo, el destino del resto del dinero nunca fue aclarado por completo desde el Ministerio de Educación y así lo dio a conocer la Contraloría General de la República en un oficio de seguimiento, respecto al Informe Final Nº 63 donde se denunciaron las irregularidades, que entregó el ex contralor Ramiro Mendoza en septiembre del 2008 a la sucesora de Provoste en la cartera, Mónica Jiménez de la Jara.

De acuerdo a las observaciones de Contraloría del 2008, el Ministerio de Educación no aclaró “plenamente” el destino de los recursos, ya que, “la información presentada, aunque relevante en su contenido (…) no reviste las características propias de una conciliación bancaria”.

En el texto, eso sí, se destacó que las conciliaciones bancarias del año 2007 y 2008 “se encuentran correctamente elaboradas, para lo cual se han aislado los saldos no aclarados a que se refiere el informe materia de este oficio de seguimiento”.

Además, se anunció una nueva auditoría para determinar el destino de los dineros gastados entre 2004 y 2006 en subvenciones, periodo anterior a la gestión de Provoste.

“Se desconoce el destino de estos recursos”

Así fue como el 14 de mayo del 2009 la Contraloría entregó un nuevo reporte respecto al control financiero del pago de subvenciones de escolaridad para el periodo 2004-2006 efectuado en la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, donde nuevamente alegaron que “el Ministerio de Educación no entregó la totalidad de la información solicitada por este Organismo de Control”.

La Contraloría informó que los recursos destinados desde el nivel central a la Seremi Metropolitana de Educación entre 2004 y 2006 “fueron consistentes con los pagos efectuados durante el período”, sin embargo, al analizar las imágenes de los cheques que proporcionó el Ministerio de Educación y el BancoEstado, determinaron que se sigue desconociendo el “destino” de $291 mil millones.

“En la revisión efectuada a las imágenes de los cheques (…) se determinaron giros de fondos por M$291.752.077 de los cuales, al término de la fiscalización, se desconoce el destino de estos recursos“, indicaron.

La ausencia de los recursos, de acuerdo a Contraloría, se explica por algunas irregularidades detectadas. Como por ejemplo, los giros a nombre de sostenedores que no estaban vigentes en el período de pago, o bien, que no estaban registrados como sostenedores del Mineduc.

“Además, algunos corresponden a establecimientos educacionales que se encuentran cerrados y a personas jurídicas que han sido observadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII)”, agregaron.

Fuente: Contraloría.