The Economist: borrador de la Constitución movería a Chile muy a la izquierda
The Economist dio cuenta de los principales aspectos que le generan resquemor frente a esta nueva Constitución, el cual “refleja el sesgo de izquierda de la Convención”.
The Economist volvió a referirse al proceso constitucional que se desarrolla en Chile y que finalizará el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, donde se votará Apruebo o Rechazo el texto emanado por la Convención, borrador que si se llegara a implementar “movería a Chile muy a la izquierda”, planteó el medio financiero.
El semanario inglés recordó que la Constitución vigente, impuesta en dictadura, “ha sido enmendado casi 60 veces”, pero “algunos sienten que se necesita un documento completamente nuevo”, luego de un estallido social iniciado en 2019 y que originó un acuerdo que dio vida a la Convención.
Sin embargo, planteó que este estamento, en vez de unir al país lo dividió aún más. “Parte del problema radica en el propio montaje. Aunque era representativa demográficamente, su sesgo ideológico no lo era. Solo el 43% de los votantes se molestó en elegir a los miembros de la convención en mayo de 2021. Alrededor de 55 delegados eran de extrema izquierda, muchos de los cuales se postularon con boletos de un solo tema”.
Junto con ello, “representantes de la derecha acusaron a otros asambleístas de querer crear una monarquía indígena. Hoy, solo el 40 % de las personas confía en la convención, por debajo del máximo del 63 % en julio de 2021. Dos tercios consideran que el borrador es preocupante. Un tercio lo encuentra esperanzador”.
El borrador “refleja el sesgo de izquierda de la Convención”
The Economist dio cuenta de los principales aspectos que le generan resquemor frente a esta nueva Constitución, el cual “refleja el sesgo de izquierda de la Convención”.
“Aunque su lenguaje es opaco, crea nuevos derechos socioeconómicos que, de aplicarse, seguramente aumentarían mucho el gasto público (…) Los sindicatos tendrían derecho a la huelga por cualquier motivo que estimen oportuno. Los límites solo se aplicarían si una huelga afecta a los servicios públicos esenciales. Al expropiar tierras, el Estado pagará un precio justo por compensación, una protección más débil que la formulación de la constitución actual, que dice que los propietarios recibirán una compensación por “el daño material realmente causado”. Los derechos de agua, antes tratados como parte de la propiedad privada de alguien, se convierten en un bien público”, detalló el medio británico.
En esta línea, mantiene su apoyo al Rechazo, ya que de mantenerse la Constitución de 1980 “podría mejorarse”, llamando al Congreso a “revisar o descartar algunas de sus 21 leyes orgánicas que dificultan la modificación de la legislación. Por ejemplo, cambiar la política educativa en Chile es casi imposible. El Tribunal Constitucional del país también necesita ser reformado. A menudo protege los intereses creados: en 2018 prohibió una ley que habría otorgado a la oficina de protección al consumidor el derecho de sancionar a las empresas que se confabularon para fijar precios”.