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19 de Diciembre de 2023

Los cinco argumentos de la acusación constitucional contra el ministro Montes

El líbelo fue presentado por las bancadas de Republicanos, PDG, PSC, UDI y RN.

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Carlos Montes dijo que seguirá en su cargo mientras así lo determine el presidente Boric. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
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Cinco son los capítulos que incluye la acusación constitucional que la oposición presentó este martes contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Legisladores de las bancadas de Republicanos, PDG, PSC, UDI y RN auspiciaron el libelo contra el secretario de Estado, luego de que rechazara renunciar pese a las presiones en medio del denominado caso Convenios.

La acusación constitucional se presentó casi un día después que el presidente Gabriel Boric descartara realizar un cambio de gabinete o pedirle la renuncia al titular de Vivienda.

Los cinco argumentos de la acusación

Control jerárquico

La acusación constitucional contra Carlos Montes incluye un primer capítulo que apunta a la obligación que tiene el titular de la cartera de ejercer un control jerárquico, desde su cargo de ministro.

En el texto se indicó que “resulta evidente que el Ministro de Vivienda y Urbanismo debió ejercer el control jerárquico permanente” sobre la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y, en consecuencia, “sobre las Seremis y los Serviu del país“.

Eficiencia y eficacia

En el segundo capítulo, los autores de la acusación constitucional apuntan al principio de eficiencia y eficacia.

En ese sentido, citaron el artículo 5 de la ley 18.575, que señala que “las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública“.

Probidad administrativa

El tercer capítulo menciona una “infracción al principio de probidad administrativa” por parte del titular del Minvu.

Al respecto, el documento apunta a que las irregularidades admitidas en la cartera, en el marco del caso Convenios, “son sumamente graves, atendidas las consecuencias que estas han causado para las familias más vulnerables de nuestro país“.

Responsabilidad política

En el cuarto capítulo se hace referencia a que el ministro “es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución”.

También se enfatizó que la ex subsecretaria Tatiana Rojas aseguró que informó a Montes de lo ocurrido con el caso Convenios antes de que estallara de manera pública.

Infracción al Código Procesal Penal

El quinto y último capítulo de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se refiere a su responsabilidad política por infracción al Código Procesal Penal.

Según el texto, el secretario de Estado no cumplió con la obligación de los empleados públicos de denunciar aquellos delitos de los cuales toma conocimiento. Una norma establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Lo que viene ahora

Previo a presentar la acusación, la diputada Francesca Muñoz (PSC) explicó el motivo de la misma, señalando que “nosotros le planteamos la importancia al Presidente, una y otra vez, que el ministro dejara su cargo. Y frente a que él no ha tomado esa decisión, es que nosotros ingresamos esta acusación constitucional“.

Por otra parte, mañana miércoles se efectuará el sorteo de los cinco integrantes de la comisión revisora.

Qué dijo Montes

Consultado sobre la presentación de la acusación constitucional en su contra, el ministro Carlos Montes aseguró que se mantendrá en su cargo hasta que el presidente Gabriel Boric así lo decida.

“Yo estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric. Y si el presidente Boric estima que yo no debo seguir, yo no voy a seguir. Pero yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del gobierno, y por eso estoy cumpliendo esta tarea“, planteó.

Junto con eso, indicó que “este debe ser un objetivo nacional, un objetivo de unidad, antes que transformarlo en un tema de disputa. Creo que como nunca el país, ha dado una señal de que quiere unidad y aquí en vivienda hay grandes condiciones para establecer acuerdos mayores y avanzar con más rapidez, sin perjuicio de ello, todas las personas que han cometido delito tienen que responder por lo que hicieron”.

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