El Gobierno de José Antonio Kast vivió un nuevo episodio de descoordinación entre sus ministros a raíz del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual Chile está suscrito.
Todo comenzó con las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien sostuvo que el tratado “divide a los chilenos” y es “un riesgo para el país”. Junto con eso, planteó la posibilidad de “salirse”.
“Claramente, Chile tiene un desafío de deshacerse de una serie de legislaciones que están basadas en la división entre las personas“, aseveró.
Horas más tarde, el biministro Claudio Alvarado se refirió a los dichos de Barros, recalcando que “tiene el legítimo derecho de dar su opinión respecto a ese tema. Es la opinión del ministro de Defensa, mirando seguramente alguna situación específica, puntual, que tiene en su cartera, que puede ser alguna complicación”.
Sin embargo, planteó que “un jugador puede improvisar, y puede ser una buena jugada u otras veces una mala jugada”. Junto con eso recalcó que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Congreso y que se “respeta íntegramente”. Además, dejó en claro que “no vamos a innovar en la materia“, echando por tierra la posibilidad que había planteado Barros.
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue adoptado el 27 de junio de 1989 y reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Así, fija responsabilidades para los gobiernos respecto a su protección.
En nuestro país entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009 luego de que fuera ratificado por el Congreso Nacional.
El tratado se aplica a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas “les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”.
En el caso de Chile, este se aplica a las personas que descienden de poblaciones que “habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales”.
Respecto a la responsabilidad de los gobiernos, deben “desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad“. En ese sentido, se trata de medidas que “aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar de manera igualitaria de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a todas las personas”.
Con eso, también deben “promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones, y ayudar a los miembros de los pueblos a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás integrantes de la comunidad nacional de manera compatible con su forma de vida”.
