Jaime Gajardo, ex ministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, se refirió a la polémica generada por la decisión de la cartera, a cargo de Fernando Rabat, de rebajar las condenas a 56 abusadores y violadores de niños.
La controversia se origina porque estas rebajas se otorgaron sin necesidad que los beneficiados hayan tenido que presentar un recurso de amparo u otra vía judicial, a lo que se suma que la ley que regula las rebajas se modificó en 2022, excluyendo a los condenados por delitos sexuales contra niños.
Ante esto, el ministro Rabat expresó que “lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de recursos de amparo”.
“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, agregó el titular de Justicia.
Frente a estas declaraciones, Jaime Gajardo sostuvo a radio Biobío que durante el gobierno de Boric, e incluso en la administración de Sebastián Piñera, el Ejecutivo rechazaba estas solicitudes y recurría a tribunales para mantener su postura.
En esta línea, detalló que si los condenados iban al Poder Judicial para conseguir el beneficio y esto era aceptado por tribunales, solo ahí cursaban la rebaja.
Pero Gajardo acusó que el actual Gobierno autoriza las rebajas por mera vía administrativa, por lo que “ahora cambiaron el criterio. Lo que ellos hacen es facilitarle la vida a los delincuentes”.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron al mismo medio que la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema busca evitar que los condenados tengan que recurrir a los tribunales y que la entrega del beneficio no se retrase.
Esta postura fue rechazada de plano por Jaime Gajardo: “Ellos están asumiendo el alegato de los defensores de los violadores de niños… Entonces, es como el mundo al revés”.
“Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos. Si alguien quería recurrir, bueno, que lo resolviera la Corte, pero nuestro criterio era rechazar”, aseveró el otrora secretario de Estado respecto a las 276 rebajas de condena durante el periodo presidencial anterior.
“Por eso el Ministerio rechazaba las reducciones, porque ese es el objetivo de la ley: que las personas que hayan cometido estos delitos no tengan reducciones de condena. Entonces, por eso es tan delicado que el Ministerio ahora las acoja sin más”, sentenció.
