Fernando Rabat, ministro de Justicia, explicó la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños otorgada por el Gobierno, tras su arribo el pasado 11 de marzo.
La cartera a cargo de Rabat entregó el beneficio a 27 condenados por abuso sexual a menores y a 29 por violación, mientras que una sola solicitud fue rechazada.
La principal característica de lo sucedido es que ninguna reducción de condena fue por una presentación de recurso de amparo por parte de los involucrados o por otra vía judicial, junto con decretar una rebaja cada tres días.
La controversia está en que la norma sobre rebaja de condenas fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a condenados por delitos sexuales contra niños, pero desde el Ministerio de Justicia apuntan a su eventual retroactividad.
Ante esto, Rabat planteó que “lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de recursos de amparo”.
“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó el titular de Justicia.
Fernando Rabat aseveró que debía acatar las resoluciones judiciales por vía administrativa: “Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”.
Ante la rebaja de condenas a abusadores y violadores de niños, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) adelantaron que buscarán interpelar a Fernando Rabat.
“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas. En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena”, adelantó el diputado Marcos Barraza.
