“Es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para defender 56 rebajas de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores visadas por el Gobierno del presidente Kast.
De los decretos dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación, mientras que solo una solicitud fue rechazada. Todos llevan el sello: “Por orden del Presidente de la República”.
Si bien la Ley 21.421, de 2022, excluyó el beneficio para quienes cometen estos delitos contra menores, la discusión es qué ocurre con los hechos anteriores a esa norma.
Desde el Congreso, Rabat explicó que antes de esa ley la Corte Suprema acogió amparos de condenados que pedían la rebaja, y que la cartera de Justicia sólo recogió “la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”. Consultado sobre si el Gobierno comparte ese criterio, respondió que “el Gobierno no comenta los fallos judiciales”.
Al ser inquirido por el hecho de que ninguno de los 56 beneficiados había recurrido a tribunales, reconoció la situación, pero sostuvo que una sentencia debe cumplirse mediante un acto administrativo.
Pese a las explicaciones, Rabat no ha logrado cerrar el flanco. Este jueves, tras participar en el Encuentro de Abogados, Rabat puso el acento en otro punto. Recalcó que existe un “principio constitucional” que impide aplicar retroactivamente una ley en perjuicio del condenado, y que esa interpretación fue respaldada además por una doctrina de la Suprema en amparos.
En esa línea, afirmó que la rebaja “es firmada única y exclusivamente por el ministro de Justicia” y ante las críticas de la oposición y oficialismo apuntó a que “es bueno que los parlamentarios hoy día promuevan un cambio legal”.
La controversia, en todo caso, no sólo ha alcanzado a Rabat. El nuevo vocero, el subsecretario de la Segegob Gonzalo Arenas, debutó en el cargo con el tema sobre la mesa. En su primera vocería, calificó la noticia de “bastante malintencionada”, porque supone una voluntad del Ejecutivo de perdonar a delincuentes sexuales, y sostuvo que se trata de un procedimiento establecido en la ley.
Acotó que el Ejecutivo “no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes” cuando se cumplen los requisitos, y que el procedimiento fue “impecable”.
Esa versión choca con la del gobierno anterior. El exministro de Justicia Jaime Gajardo afirmó que desde 2022 “nuestro criterio era rechazar”, y que si alguien quería recurrir, lo resolvía el máximo tribunal.
Si bien en cinco años se concedieron 332 rebajas por delitos sexuales, 276 de ellas bajo el gobierno de Gabriel Boric, Gajardo objetó esa comparación debido a que, a su juicio, no se distingue entre aprobar directamente una solicitud y hacerlo después de que un tribunal lo ordenara.
El otro aspecto que complica la versión de Rabat y Arenas es que la jurisprudencia de la Suprema no ha sido uniforme.
En diciembre de 2025 ordenó conceder la rebaja a un condenado por violación de un menor de 14 años, y en enero repitió el criterio en otro caso, descartando la aplicación retroactiva de la ley de 2022. Después revocó un amparo acogido por la Corte de Santiago y sostuvo, en un fallo reseñado por Diario Constitucional el 7 de marzo, que la reducción de pena es un beneficio y no un derecho adquirido, por lo que correspondía aplicar la exclusión, según consignó La Tercera.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, radicó la responsabilidad en el Gobierno al señalar que “fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”. En esa línea, descartó que exista un criterio único de la Suprema: “Tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia”.
Controversia escala al oficialismo
La presión no se quedó sólo en la oposición. A medida que han transcurrido los días, el Congreso ha ido sumando iniciativas legislativas, y las críticas se han ido multiplicando; la más duras llegaron desde el oficilaismo.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) ofició a Rabat para saber “qué antecedentes se tuvieron a la vista” y anunció un proyecto de ley que elimina una excepción de la Ley 19.856, vinculada al artículo 73 del Código Penal (eximente incompleta). También exigió fundamentar cada rebaja con antecedentes y un cálculo verificable.
El jueves, tras reunirse en La Moneda con el vocero Gonzalo Arenas, Núñez sostuvo que “lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción” y que el asunto no puede “depender del ministro que esté de turno”.
En esa línea, la legisladora RN aseguró que corresponde al Ejecutivo analizar si las rebajas se podrían haber detenido.
Un segundo frente lo abrió el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella. Junto a Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD), anunció un proyecto de ley transversal para que la exclusión de la rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores se aplique efectivamente.
Asimismo, Squella pidió que el Gobierno lo respalde “con la máxima urgencia legislativa”.
La bancada de diputados de la UDI apuntó directamente a los decretos ya dictados. Encabezadas por la jefa de bancada, Flor Weisse, parlamentarias gremialistas exigieron al Ministerio de Justicia a evaluar la viabilidad jurídica de revocar los 56 recordando que, durante el gobierno anterior, presionaron para dejar sin efecto pensiones de gracia del estallido social, y que el Ejecutivo terminó pidiendo anular 27 después de que Contraloría confirmara que podía hacerlo.
Otros parlamentarios del sector fueron más tajantes. El senador independiente Rojo Edwards planteó que el Ministerio “debe revertir esta decisión y sacar la firma del Presidente”, y se abrió a una interpelación que podría ser comandada desde el mismo oficialismo.
El senador republicano Ignacio Urrutia calificó la medida de “inaceptable” y rechazó que se responsabilice a la Suprema, ya que “el ministro puede tomar sus propias decisiones”. Urrutia, de los cercanos a Kast, añadió que ya le transmitió su reproche al presidente.
