El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición para impugnar artículos de la Ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), al determinar que la acción fue interpuesta fuera del plazo establecido.
La resolución se fundamentó en que el decreto promulgatorio de la normativa ya había ingresado a la Contraloría General de la República cuando los parlamentarios presentaron el recurso.
En su fallo, el organismo sostuvo que la promulgación cerró la oportunidad para recurrir contra la iniciativa, por lo que la presentación no cumplió con los requisitos temporales que establece la Constitución. Al respecto, precisó que “el requerimiento fue formulado fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia”.
Asimismo, el TC aclaró que el plazo máximo de cinco días desde el despacho del proyecto por parte del Congreso no permite presentar una impugnación después de la promulgación.
“La circunstancia de haberse deducido dentro del quinto día del despacho del proyecto no altera esta conclusión, pues ambos constituyen límites temporales independientes, esto es, la observancia del tope máximo del quinto día no habilita a requerir una vez efectuada la promulgación, desde que esta cierra por sí sola la oportunidad, aunque aquel plazo no se encuentre vencido”, argumentó el fallo.
Tras conocerse la decisión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el pronunciamiento y afirmó que “tal como lo anticipamos, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza. Una buena noticia para nuestro país y para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. La seguridad de las familias chilenas es y seguirá siendo nuestra prioridad”.
Luego, agregó: “Chile necesita recuperar el orden, la tranquilidad y para eso necesitamos policías respaldadas, con reglas claras y certezas de que su defensa y protección de las familias chilenas no tendrá más obstáculos ideológicos”.
El requerimiento, presentado el 9 de octubre de 2026, buscaba cuestionar la constitucionalidad de determinadas disposiciones de la nueva normativa, incluidas materias relacionadas con la seguridad militar y nacional y el Código de Justicia Militar. Sin embargo, el tribunal no entró a revisar el fondo de los cuestionamientos, ya que concluyó que la acción fue presentada fuera de la oportunidad constitucional correspondiente.
