Un reciente estudio elaborado por investigadores de Clapes UC advirtió sobre el elevado número de cesáreas que se realizan en la red pública de salud chilena y los efectos que esta situación tendría tanto en los recursos hospitalarios como en el gasto fiscal.
Según el informe, cerca del 46% de los nacimientos registrados durante 2024 en hospitales públicos se efectuaron mediante cesárea, una cifra que supera ampliamente el rango de entre 10% y 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La investigación sostiene que una reducción gradual de las cesáreas sin justificación médica permitiría generar importantes beneficios para el sistema sanitario. Entre ellos, destacan un ahorro cercano a los US$20 millones al año y la liberación de alrededor de 80 camas hospitalarias diarias, recursos que podrían destinarse a disminuir listas de espera y fortalecer otras áreas de atención.
De acuerdo con las estimaciones del estudio, los fondos ahorrados podrían utilizarse para contratar cerca de 250 especialistas adicionales por año, financiar la construcción de nuevos centros de atención primaria o aumentar la cantidad de cirugías realizadas en la red pública.
El análisis también revela que, aunque representan menos de la mitad de los partos, las cesáreas concentran más de la mitad del gasto asociado a los nacimientos. Durante 2024, este procedimiento habría significado desembolsos cercanos a los US$74 millones, de un total de US$126 millones destinados a atenciones de parto.
Los investigadores explican que una cesárea implica mayores costos debido al uso de pabellones quirúrgicos, anestesia, equipamiento especializado y personal adicional. Además, las pacientes suelen permanecer hospitalizadas un día más en comparación con quienes tienen un parto vaginal.
Junto con el impacto económico, el informe revisa antecedentes científicos internacionales que relacionan las cesáreas con mayores riesgos para la salud materna e infantil cuando no son médicamente necesarias. Entre ellos se mencionan mayores probabilidades de complicaciones respiratorias en recién nacidos, ingresos a unidades de cuidados especiales y posibles alteraciones en la microbiota intestinal, factor asociado al desarrollo de algunas enfermedades crónicas.
Frente a este escenario, los especialistas plantean reforzar medidas orientadas a disminuir las cesáreas injustificadas, incluyendo protocolos clínicos más estandarizados y la exigencia de una segunda evaluación médica antes de indicar una intervención quirúrgica.
Junto a ello, el estudio enfatiza que el objetivo no es limitar una operación que resulta fundamental en numerosos casos, sino evitar su uso excesivo cuando no existe una necesidad clínica comprobada, reduciendo riesgos para pacientes y optimizando los recursos del sistema público de salud.
