A pesar de que Cencosud tuvo ganancias por 387.798 millones -un 67,2% más que en 2015- Paulmann hizo un llamado a "cuidar a los empresarios".
Redacción EL DÍNAMO
"La Directora de Obras de Vitacura está en condiciones de ratificar la caducidad, obedeciendo lo resuelto por la Contraloría, y en consecuencia, si Paulmann quiere edificar en el predio, deberá solicitar un nuevo permiso de edificación, esta vez con la restrictiva norma vigente".
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Esta curiosa y críptica sentencia, que más parece un burdo amedrentamiento a funcionarios públicos que han cumplido con su deber, se originó en una solicitud del abogado de Cencosud, Arturo Fermandois, cuyo objetivo es obligar a las 2 instituciones del Estado en donde ellos se desempeñan, a permitir la construcción del mega proyecto inmobiliario, mall, en comento, que incluye 4 edificios, uno de 2 pisos, otro de 19 pisos y 2 más altos de 25 y 55 pisos, en circunstancias de que nunca el Plan Regulador (PR) de Vitacura ha permitido tan alta carga de ocupación en esa zona.
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La rama castrense del país del norte, dueña de los paños que usa mal Plaza Lima Sur, exige aumentar el arriendo que actualmente paga Cencosud de 132 mil dólares a 472, para lo que esgrimen como argumento las deudas que el holding chileno sostiene con ellos, las que se alzarían por los 18 millones de dólares. La firma arguye que esta deuda sólo se alza por los 351 mil dólares.
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En caso de que Paulmann no cancelara los 18 millones de dólares adeudados, no se descarta que el Ejército pida el desalojo del recinto.
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El mensaje fue realizado durante la inauguración de una nueva tienda Paris en Portal La Dehesa, en medio de las críticas sobre una supuesta crisis económica.
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La propuesta de modificación entró hace dos meses a la Municipalidad de Providencia y se espera que el trámite termine dentro de una semana.
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La empresa sigue siendo controlada por Paulmann y sus tres hijas Manfred, Peter y Heike, quienes mantienen el 59,7% de las acciones.
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"Usted me ve acá, yo mismo preocupado, metido con botas en el agua. A mi me gusta que nuestros locales esté 'tiqui taca'", sostuvo el empresario.
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En un escrito presentado por el fiscal Ezio Braghetto, el que está investigando un posible delito de apropiación indebida, después de que el accionista minoritario Óscar Gajardo presentara una querella por este ilícito, solicitando que múltiples ejecutivos de diversas empresas en Chile prestaran declaración. El criterio de esta jueza podría influir en otras investigaciones de financiamiento irregular de la política.
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