El presbítero, investigado y sobreseído por prescripción por los casos de adopciones irregulares, habría solicitado a la orden un “permiso de ausencia”, el que le fue concedido y le permite vivir fuera de su comunidad por un año.
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Mario Carroza, que investiga el posible asesinato del vate, determinó que “ya se encuentran cumplidas la totalidad de las diligencias científicas decretadas en la causa y que requieran la permanencia de los restos a disposición del tribunal".
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La diputada UDI calificó como "muy dolorosa" la situación para su familia, pero sostuvo que confía en la inocencia de su padre.
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Además, Heraldo Muñoz agregó que “desde hace muchas semanas hemos estado conversando con el Departamento de Estado de Estados Unidos, para que levante los párrafos tarjados o borrados en negro y además para que se desclasifique totalmente el resto de los documentos aún clasificados que tienen relación con este período”.
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La decisión del ministro Mario Carroza se basa en los resultados de los careos realizados en estas jornadas. Pedro Fernández Dittus ya había sido declarado culpable en 1993, pero bajo la figura de no haber prestado auxilio a las víctimas.
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La determinación se tomó por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas y las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana tras ser detenidos el 02 de julio de 1986.
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El magistrado comunicará este viernes la situación procesal de los siete detenidos por la muerte de Rodrigo Rojas y las graves lesiones causadas a Carmen Gloria Quintana.
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Hoy, además, quedará a disposición del ministro Mario Carroza el coronel en retiro Julio Castañer, quien según Fernando Guzmán habría sido quien dio la orden de quemar a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana. También les habría arrojado el encendedor que los quemó.
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Cinco de los siete involucrados ya se encuentran en Santiago y deberán prestar declaración ante el ministro en visita. Tras la declaración de uno de los integrantes de la patrulla que rompió el pacto de silencio, ahora se investiga la eventual comisión de un homicidio en calidad de calificado, lo que eleva eventuales penas hasta 10 años y un día de cárcel.
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Tras informar de que el próximo lunes "se va a considerar una suerte de libertad bajo fianza", el canciller Heraldo Muñoz expresó "con el mayor respeto" su deseo de "que las autoridades de la India tomen las medidas para evitar que la señora Verhoeven escape a los tribunales y no concurra cuando corresponde".
EFE