La determinación ocurre tras negativo dictamen de la Contraloría. A esta hora, se refieren a la determinación el Gobierno, la familia del comunero asesinado y el abogado del cabo Walter Ramírez.
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"Carabineros cuenta con mecanismos jurídicos para disponer la baja de los funcionarios que a su juicio hayan incurrido en faltas graves", dice el ente contralor.
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Ante requerimientos del Ejecutivo, Contraloría deberá pronunciarse sobre la permanencia del cabo segundo Walter Ramírez en la institución.
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La Corte Marcial, por su parte, declaró que la condena a cuatro años de libertad vigilada que se dictó para el cabo Walter Ramírez Inostroza por el asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo, a inicios de 2008, no lo inhabilita para seguir desempeñando funciones en la institución.
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El ministro del Interior aseguró que como Gobierno les “sorprendió en su momento” la determinación de la Contraloría y aclaró que si dan o no de baja al cabo es una desición de la institución policial.
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El ex dirigente estudiantil mapuche hizo hincapié en que "la violencia que estamos viendo hoy día en La Araucanía no ayuda a resolver ningún problema", y llamó a rechazar la violencia.
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En el texto, los firmantes señalan que les parece "irresponsable y racista que, sin contar con todos los antecedentes de cómo ocurrieron los hechos se califiquen a priori como forma de reivindicación mapuche".
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Tras el ataque que culminó con la muerte del matrimonio Luchsinger, el precandidato de la UDI dijo que "hay que darle el apoyo político y el respaldo a la fuerza policial que hasta ahora no se le ha dado" y agregó que "pedir que Bachelet se pronuncie es lo menos relevante".
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Mónica Quezada afirmó que la justicia no funciona igual para todo el mundo, tras las declaraciones de diversos personeros políticos.
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El órgano contralor cita normas del decreto N° 5.193, de 1959, que permite a Carabineros "disponer el licenciamiento del personal" cuando la falta cometida fuera suficientemente grave.
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