Esto, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera el recurso presentado por el oficialismo, lo que permitirá que recintos de salud puedan seguir recibiendo fondos estatales, pese a ser contrarios a otorgar el procedimiento a sus pacientes.
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Por contrapartida, el diputado UDI Jaime Bellolio aseguró que el fallo del organismo garantiza la entrega del procedimiento para las mujeres.
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Frente a esto, el Ministerio de Salud dio a conocer un comunicado público, donde consigna que respetará y pondrá en práctica esta determinación.
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"Hemos hecho este acto porque nos parece tremendamente relevante poder seguir defendiendo los derechos de las mujeres", aseguró la ex titular de la Mujer, Claudia Pascual.
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Junto con ello, se rechazó la solicitud de los parlamentarios para que las audiencias del Tribunal Constitucional sobre el requerimiento de la UDI fueran públicas.
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La presentación buscan declarar inconstitucional el texto, que prohíbe que instituciones que tienen contratos con el Estado invoquen la objeción de conciencia para no realizar la interrupción del embarazo.
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Se solicitó la objeción de conciencia institucional para todos sus centros, incluyendo el Hospital Clínico y la Clínica San Carlos de Apoquindo, junto a los servicios ambulatorios.
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El diputado Leopoldo Pérez destacó que esta presentación será “trabajada y consensuada” en conjunto por todas las bancadas de la coalición antes del 19 de noviembre.
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Esto en rechazo al artículo 13 que establece que los establecimientos privados que tengan convenios con el Estado "no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología".
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Con la inclusión de este concepto se refuerza lo que ya estaba establecido en el protocolo: la objeción de conciencia es para los centros donde se aplica el procedimiento de interrupción.
Noemí Arcos