"Aquí no hay peticiones de gastos adicionales, ni excesivos ni conservadores, simplemente aquí hay una cuestión de palabra, cumpla su palabra", solicitó el legislador al Gobierno, y repitió que está en juego su credibilidad.
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A juicio de Hasbún, lo que la ciudadanía espera es que "actuemos con prudencia y con responsabilidad y aprobemos este presupuesto, que lo único que busca es solucionar problemas que se han ido postergando en el tiempo y que afectan a miles de chilenos".
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"El presupuesto 2013 debe enfocarse a superar las actuales desigualdades e inequidades que tanto preocupan a los chilenos, especialmente en Salud y Educación y en el trato que reciben las regiones", explicaron los legisladores.
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El encargado de recibir el documento fue el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckberg, quien pidió a los parlamentarios que la propuesta se discuta con responsabilidad.
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Larraín, senador de la tienda gremialista, sostuvo que en el Presupuesto 2013 el monto asignado para la educación debe llegar a 1.600 millones de dólares porque, de lo contrario "está en juego la credibilidad del Gobierno".
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Larroulet sostuvo que el Gobierno "espera que haya un buen clima y una buena tramitación en el Congreso, para que los chilenos puedan contar oportunamente con estos recursos y el país siga avanzando, tanto en lo económico como en lo social".
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El titular de Hacienda, Felipe Larraín, el propio ministro de la Segegob y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, son los encargados del Ejecutivo para dialogar con la oposición en pos de la aprobación de este proyecto.
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"Este año estamos alcanando por fin la meta de alrededor de los $ 3.500 por persona en el Presupuesto del 2013. Eso es un tremendo logro del gobierno del Presidente Piñera, que significa transformar en realidad lo que fue una promesa", dijo la autoridad.
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En su opinión, si bien educación ya recibió recursos adicionales, no son suficientes, porque "no resuelven los problemas de fondo del sector", expresó.
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El dirigente explicó que el Estatuto Administrativo es claro cuando señala que los servicios no pueden tener más de 20% de empleados a contrata, es decir, funcionarios que cada año deben renovar su situación contractual con el Estado.
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