Rechazan amparo por seis colombianos expulsados: investigarán desacato
El fallo indicó que las autoridades no actuaron de manera ilegal o arbitraria, pero aún así investigarán un eventual desacato.
Redacción EL DÍNAMO
El fallo indicó que las autoridades no actuaron de manera ilegal o arbitraria, pero aún así investigarán un eventual desacato.
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Para la DC, el subsecretario Ubilla debe entregar las razones y explicaciones del por qué se procedió a la expulsión de los extranjeros en la ciudad de Antofagasta, desobedeciendo una resolución judicial de la Corte de Apelaciones.
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El recurso fue presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Ángel Valencia, quien afirma que el juez Carroza procesó a Villalobos y decretó su detención sin que existan méritos.
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"Esta corte constata que efectivamente existe un temor válido en los recurrentes, en cuantos familiares de don Camilo Catrillanca Marín, de verse enfrentados situaciones que configuren vulneración de sus derechos".
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Este recurso había sido rechazado en una primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que la situación descrita en el recurso se ajusta a lo descrito en el artículo 21 de la Constitución Política de la República
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La resolución además ordenó a Carabineros de la IX Zona Araucanía a instruir sumarios internos que permitan establecer las responsabilidades administrativas involucradas.
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A pesar del fallo del máximo tribunal que hace una semana revocó y cuestionó el actuar de la PDI en el caso de la devolución de los más de 60 ciudadanos haitianos desde el aeropuerto calificándolo como “arbitrario” e “ilegal”, el Movimiento Acción Migrante denuncia nuevos casos de retenciones.
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La PDI y la Fiscalía contaban con la declaración de uno de los imputados en esta causa, José Peralino, también es vinculado al incendio de carácter terrorista con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay. En su comparecencia, realizada sin la compañía de un abogado, Peralino inculpa a los involucrados del caso. No obstante, ante el tribunal, aseguró haber sido presionado y se desdijo.
Francisco Valenzuela Huerta
Y es que según el defensor público Claudio Aspe, se vulneraron las garantías constitucionales del ingeniero comercial al emitirse una alerta roja para su captura, sin una resolución de los tribunales.
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