De acuerdo a la jueza Figueroa, debido a la hora y al lugar donde ocurrieron las detonaciones, no es posible determinar que el acto tenía por objetivo causar temor a la población, donde sólo tenían por efecto afectar a la propiedad del banco y la obra de arte.
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El juez Daniel Aravena determinó la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal en contra de Francisco Domínguez Suárez, el sujeto de 25 años que se desempeñaba en labores de aseo en el establecimiento, lugar donde además residía.
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El Ministerio Público acusa al profesional de colocar una bomba en el sector residencial del Barrio Las Flores, en Vitacura, en septiembre del 2010; el memorial del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán en agosto de 2011, la automotora One y la detonación de un artefacto explosivo en una sucursal del banco BCI, ocurrida en noviembre de 2011.
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En la audiencia de control de la detención realizada en el Centro de Justicia participó el fiscal Ricardo Peña, quien solicitó la extensión del plazo para quien es apodado "El rata".
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Tras casi tres años de investigación y diversos incidentes procesales entre los intervinientes -producto de los cuales el Ministerio Público quedó fuera de esta causa-, los jueces Claudia Sánchez Slater (presidenta), Julio Sandoval Berrocal (redactor) y Germán Varas Cicarelli consideraron que la acusación particular, representada por el Ministerio del Interior, no logró acreditar la participación de los imputados en los hechos por los que se les acusaba.
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Tras la declaración de Villouta, el Quinto Tribunal Oral en lo Penal capitalino decretó el receso de las audiencias hasta el próximo lunes, donde la Fiscalía Metropolitana Sur, el Ministerio del Interior como querellante y la Defensoría Penal Pública deben realizar sus alegatos de clausura.
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En la citada sesión los cuatro defensores penales públicos -Claudio Gálvez, Víctor Providel, Raúl Gil y Juan Gallardo- y la defensora privada presentes argumentaron una falta de fortaleza jurídica de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra Sankán y los otros 17 imputados, concluyendo que no había delitos probados y oponiéndose, por lo tanto, a la dictación de prisiones preventivas en este caso.
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Lo anterior fue dispuesto luego que el Ministerio Público presentara en el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén un escrito denominado declinatoria de competencia, en relación a los hechos descritos en la querella por Ley de Seguridad del Estado y que no son competencia del Juzgado de Puerto Aysén sino de otros tribunales de la región como Puerto Cisnes, Chile Chico y Coyhaique.
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El juez (s) Mario Reyes determinó oficiar a la Fiscalía Militar para que indague sobre el eventual delito de detención ilegal de tres personas en Aysén por parte de Carabineros en la madrugada de este jueves, en Aysén.
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