“Protocolos Insuficientes: Una mirada desde las políticas institucionales”. Así se titula un estudio de Ana Luisa Muñoz-García, académica e investigadora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que reveló una preocupante realidad respecto a los protocolos contra el acoso sexual en las universidades chilenas.
Si bien en el 2005 se aprobó una ley contra el acoso sexual, las universidades han respondido muy lentamente: de acuerdo al informe realizado a fines de 2017, solo ocho de 60 universidades han diseñado y compartido públicamente sus protocolos a noviembre del 2017. Sin embargo, uno de ellos centró solo en los comportamientos entre los estudiantes, dejando de lado a los trabajadores, investigadores y profesores. Por lo tanto, no fue considerado.
De las siete universidades consideradas en el estudio realizado en conjunto la Dra. Liz Jackson, de la Universidad de Hong Kong, 3 son Estatales, 3 Privadas CRUCH y 1 Privada. Tres de esas universidades son regionales y cuatro se ubican en la Región Metropolitana. Todas las universidades se encuentran acreditadas y adscritas a gratuidad, y atienden al 22% de los estudiantes de pregrado de las universidades del país.
A partir de enero de 2018, se han sumado 4 universidades a este proceso de construcción de protocolos. Las 48 universidades restantes no han diseñado protocolos, y cuatro de ellos sostienen que los problemas de acoso y abuso sexual están implicados en los protocolos laborales relacionados con el orden, la higiene y la seguridad.
De estas 48 universidades sin protocolos, 17 son universidades CRUCH y 31 son universidades privadas, 35 están acreditadas y 13 no acreditadas. Este numero de universidades atiende al 78% porcentaje de los estudiantes de pregrado.
Sin embargo, según la investigadora, dentro de los siete protocolos universitarios desarrollados contra el acoso sexual, se pueden identificar tres limitaciones: existe una definición limitada de acoso; los protocolos son una estrategia reactiva y no preventiva; y hay un desconocimiento del contexto de nacional violencia sexual hacia las mujeres y las lógicas de poder entretejida en la problemática.
“Son protocolos que tienen definiciones muy ambiguas y no explicitan que es acoso o abuso sexual. Tampoco definen lo que es el consentimiento. Y lo más grave es que no tienen políticas de prevención o no especifican cómo se realizaran dichas políticas”, explicó Muñoz-García a El Dínamo.
En esa línea, recordó que la importancia de la prevención recae en que “cuando la universidad asume esta política, se hace responsable. La institución se hace cargo del tema y no sólo sancionar. Esto permite pensar por qué ocurre el acoso o abuso sexual, reflexionar en la educación sexista y los problemas estructurales contra la mujer en que hoy vivimos”.
De esta forma, explica la investigadora, no se desarrolla una responsabilidad en la víctima. “se suele culpabilizar a la víctima de generar un daño institucional. Entonces, cuando alguien denuncia, es ella la que genera la incomodidad y daño. Cuando se asume como algo colectivo, eso se evita y se evita que el victimario vuelva a cometer los mismos actos en otros espacios académicos”, concluyó.
