El diputado PS Juan Santana y un grupo de parlamentarios de oposición recurrirán ante la Contraloría General de la República por la gira que realizó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para promocionar “Admisión Justa”.
Los diputados, donde están los integrantes de la Comisión de Educación como Camila Vallejo, quieren conocer la legalidad de la acción de Cubillos, quien estuvo en 10 regiones para reunirse con apoderados y viralizar sus comentarios para defender el retorno de la selección en los colegios.
Según consignó La Tercera, los parlamentarios aseguran que la titular del Mineduc cayó en una “infracción grave y flagrante al principio de juridicidad y legalidad y a la regulación de los gastos en publicidad de proyectos de ley”.
Esto, ya que “los órganos del Estado no pueden ejercer más potestades de las que expresamente les han sido otorgada” por la Constitución.
Y es que denuncian que la intención de Marcela Cubillos fue “denostar el sistema de admisión a instituciones educacionales públicas, mediante la desinformación, la caricaturización y la falta de verdad”, y que para ello “utilizó y despilfarró recursos públicos como si (Admisión Justa) fuere ley de la República”.
Junto con ello, aseguraron que se infringió la Ley Orgánica del Mineduc, ya que la secretaria de Estado se excedió en sus atribuciones al generar “un ambiente contrario a la legislación vigente, a fin de lograr un objetivo político, afectando el derecho a la información y acceso de los apoderados a respecto de los procedimientos de admisión”.
Además, incumplió la Ley de Administración Financiera, la cual consigna que las carteras de Gobierno “no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan”.
“¿En qué momento la ministra vela por el cumplimiento de las normas referentes al SAE?” y “¿Cumple los estándares exigidos por la legislación y la jurisprudencia”, indican en su oficio a Contraloría, recalcando que “la respuesta todas las preguntas es negativa”.
