La Contraloría entregó los resultados de su auditoría al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, detectando una serie de irregularidades y desórdenes financieros ocurridos entre 2017 y 2018 en la entidad a cargo del proceso de desmunicipalización de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, en la Región Metropolitana.
Entre sus conclusiones, el organismo fiscalizador consignó montos por $2.563.801.449 y $278.817.542, respectivamente, por lo que no se pudo acreditar el pago. En total, serían $2.800 millones los que no tendrían respaldo.
“Se verificó la existencia de obligaciones no reconocidas en la contabilidad, por un monto total de $2.096.122.931, al 31 de diciembre de 2018, a pesar que cumplían con los requisitos para su reconocimiento como tal”, señaló el informe.
La revisión también detectó un déficit presupuestario de $ 1.573.526.235 de parte de la entidad administradora, el que se incluye en el proceso sumarial.
Adicionalmente, existió una falta de control sobre los bienes traspasados y adquiridos por el Servicio Local de Educación de Barrancas, verificando que, entre otras cosas, de los bienes inmuebles de 77 establecimientos educacionales de las tres comunas, solo han sido registrados en la contabilidad 59 de ellos.
La Contraloría remitirá todos estos antecedentes al Ministerio Público, el que deberá investigar una posible comisión de delitos.
Los antecedentes expuestos tras la auditoría. Gráfico: Contraloría.
