La Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) decretar el cierre de la Universidad La República (ULARE), tras constatar su grave crisis administrativa y financiera que impide su funcionamiento y la entrega del servicio educativo.
El organismo regulador instruyó al Gobierno a quitar el reconocimiento oficial al plantel privado, el que deberá cerrar sus puertas y reubicar a los estudiantes que tenían matriculados.
En los próximos días, el Mineduc revisará los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus alumnos, pudiendo para esos efectos proceder a la reubicación de estos en otras universidades.
La Universidad La República fue identificada tempranamente como una de las instituciones que presentaba un mayor nivel de riesgo en materia financiera y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019, se le instruyera un proceso formal de investigación y luego un procedimiento administrativo sancionatorio.
Tras conocer los descargos de la institución y ejecutar una serie de acciones de fiscalización, la SES resolvió -en diciembre de 2020- sancionar a ULARE con la presentación de un plan de recuperación, que le permitiera subsanar los problemas que hoy afectan gravemente a su comunidad universitaria.
De esta forma, la autoridad reguladora otorgó a la universidad la opción de proponer un conjunto de medidas que permitieran avanzar en soluciones concretas a los problemas financieros, patrimoniales y administrativos que la aquejan.
En marzo pasado, la universidad presentó su propuesta para evitar el fin del reconocimiento oficial, pero la SES consideró que las propuestas no resolvían los graves problemas que enfrentaba la institución.
“El principal objetivo de la sanción impuesta a la universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad”, expresó el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.
Entre los problemas que llevaron al fin de la universidad se consignó un importante déficit financiero, el que no pudo abordar los múltiples gastos comprometidos. A eso se sumó una baja en la matrícula, el incumplimiento de las obligaciones previsionales a los trabajadores, deudas por más de $1.700 millones y desórdenes administrativos.
