La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de seis años de cárcel para el ex presidenta Cristina Fernández, quien además quedó inhabilitada a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en el marco del llamado Caso Vialidad.
Con la decisión del máximo tribunal trasandino, la actual líder del Partido Justicialista y una de las principales opositoras a Javier Milei, no podrá postular a un escaños en la Legislatura bonaerense en las elecciones de septiembre próximo.
Fernández, la primera ex jefa de Estado condenada por corrupción en Argentina, puede solicitar cumplir su pena en arresto domiciliario, dado que ya tiene 72 años.
Cristina Fernández fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de presidio por el delito de administración fraudulenta en 51 licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez.
Junto con ello, la Corte Suprema ratificó la absolución de la otrora mandataria por asociación ilícita, rechazando la petición de la Fiscalía de incrementar su condena.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron de manera unánime los argumentos de la defensa de Fernández para revertir la condena en su contra.
El fallo contra Cristina Fernández
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, consignó parte del fallo.
Ante esto, decretó “rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5° y 45 del Código Penal)”.
