El Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para votar este lunes un plan que busca llevar a Gaza más allá de la frágil tregua vigente desde el mes pasado. El objetivo es abrir el camino hacia una estructura de gobernanza transitoria, acompañada por un proceso de desarme y un ambicioso plan de reconstrucción.
Sin embargo, el proyecto llega a la mesa con fuertes divisiones internas y con el riesgo cierto de un veto por parte de Rusia o China.
El texto propone la creación de una Junta de la Paz (JP), definida como “una administración transitoria con personalidad jurídica internacional“, encargada de dirigir Gaza durante dos años. Como guía el plan de 20 puntos presentado por Donald Trump en septiembre, esta junta contaría con el apoyo de fuerzas internacionales y de una Policía palestina entrenada en Egipto. Entre sus tareas figura supervisar la reconstrucción del enclave y el desarme de Hamas y otras facciones armadas, una condición que Israel considera irrenunciable.
Pese a la amplitud del diseño, la resolución es imprecisa respecto a la composición de la JP y sus atribuciones finales. Incluso el nombre de posibles líderes —como el del ex primer ministro británico Tony Blair— circula entre diplomáticos sin llegar a cuajar. La incertidumbre es tal que funcionarios occidentales admiten su pesimismo sobre la viabilidad del plan, aun si logra aprobarse.
Tropas extranjeras y la participación palestina
El borrador incluye además la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) con “un mando unificado“, cuya misión sería garantizar “la destrucción y la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, terrorista y ofensiva” en Gaza.
Su despliegue permitiría, según el texto, una retirada gradual de las fuerzas israelíes, condicionada al avance del proceso de desmilitarización. Sin embargo, el desarme de Hamas continúa siendo uno de los puntos más controvertidos. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que “Gaza será desmilitarizada y Hamas será desarmado, ya sea por las buenas o por las malas“.
La participación palestina también queda sujeta a reformas aún no especificadas. El borrador contempla que la JP transfiera la administración al Gobierno Autónomo Palestino tras cumplir un programa de reformas vinculado a elecciones “democráticas y transparentes”. Francia ha ofrecido colaborar en la redacción de una futura constitución, mientras Arabia Saudita defiende que “un Estado palestino es un requisito indispensable para la integración regional“.
Pero Israel mantiene su rechazo frontal a esa posibilidad. En palabras de Netanyahu: “Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán existe, se mantiene vigente y no ha cambiado en lo más mínimo“. La disputa pareciera no tener un resultado claro.
