En el marco de su cena anual, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, apuntó a la demora en implementar la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece medidas en favor de los pueblos indígenas, como una de las principales preocupaciones de las grandes mineras que operan en el país, superando incluso al tema energético.
Villarino hacía referencia a las normativas que serán aplicables a las relaciones entre las empresas y las comunidades indígenas a la hora de tramitar proyectos de inversión. Para la industria, dijo, es necesario “imprimir velocidad, centralizar su gestión y, lo que es más difícil, lograr un acuerdo que conjugue adecuadamente derechos de los pueblos originarios con otros derechos reconocidos por la legislación común y, especialmente, con el imperativo de seguir creciendo como país”, consigna La Tercera.
“Los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”, afirmó Villarino.
El timonel del Consejo Minero subrayó que “la institucionalidad está desafiada cuando la aprobación de un proyecto minero demanda más de 500 permisos que se obtienen después de procesos burocráticos que se extienden por años”. En su opinión, esos permisos han dejado de otorgar certezas a los inversionistas, ya que pueden ser dejados sin efecto “por la vía de la impugnación judicial“.
Aunque el Ministerio de Minería trabajaba en conjunto con las carteras de Desarrollo Social, Justicia y Medio Ambiente para unificar criterios en torno al Convenio 169, continúa pendiente un nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, además de una normativa de Desarrollo Social sobre la “nueva forma de relacionarse” entre Estado e indígenas.
