Este medio día el Juzgado de Garantía de Los Andes acogió la formalización de dos ejecutivos y dos ex ejecutivos de Cencosud esto tras una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el eventual delito de contrabando y fraude al Fisco, debido al ingreso de mercaderías desde Argentina después del terremoto de febrero de 2010 y que caratularon como ayuda para los damnificados.
La querella interpuesta por el CDE en noviembre de 2011 fue declarada admisible y derivada al Ministerio Público en ese mismo momento, consigna La Tercera.
Entre los formalizados se cuenta a actual gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez, y al gerente corporativo de planificación comercial, Pablo Vergara.
Asistencia humanitaria
En concreto, la acción judicial del CDE apunta al ingreso de 183 camiones que desde el 3 hasta el 30 de marzo de 2010, Cencosud llegaron desde Jumbo Retail Argentina, con el rotulo de “Asistencia Humanitaria” y que contenían mercadería (fideos, sacos de dormir y leches) que en realidad había sido comprada por la Onemi para ayudar a los damnificados tras el terremoto de febrero de 2010.
El ilícito también fue detectado por la Contraloría dentro de una investigación sobre las donaciones de empresas, países y organismos internacionales, realizada a principios de 2011, detectándose que tal importación no cumplió con los requisitos necesarios para recibir esa denominación, que les permitía no sólo obviar ciertos controles, sino que ahorrarse el pago de los impuestos de internación.
En esa ocasión la Contraloría concluyó que existió “falta de coordinación” e“inminente riesgo” de que esta irregularidad hubiese ocurrido en más de una ocasión.
En septiembre de 2010, la empresa regularizó la situación y pagó $561 millones en impuestos. Fuentes de holding explicaron, cuando se presentó la querella, que con la intención de poner en manos de los damnificados del terremoto y tsunami lo que necesitaban con urgencia, señalando que “Cencosud envió mercadería desde Argentina, respondiendo a una solicitud del gobierno de Chile, sin obtener beneficio económico alguno” y enfatizaron que la compañía actuó de buena fe, siguiendo las expresas indicaciones de las autoridades y la autorización del gobierno argentino.
