Fernando Rabat, ministro de Justicia, defendió el proyecto que presentó La Moneda para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que incluye quitarle la facultad de querellarse, además de reducir el número de consejeros y aplicar un fuerte recorte a su financiamiento.
Rabat aseveró en el Congreso Nacional que la intención es central la labor del INDH solo en un rol consultivo.
“Ello implica en este proyecto de ley eliminar la facultad que tenía de presentar querellas criminales, más no la de efectuar denuncias en materia penal. Creemos que con eso se va a retomar lo que ha sido la intención del Ejecutivo desde un comienzo”, puntualizó el secretario de Estado, quien aseveró que esta facultad le corresponde solo al Ministerio Público.
El titular de Justicia expresó que “hoy la Constitución Política reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y por tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad”.
La propuesta también considera reducir de 11 a cinco los integrantes del Consejo del INDH, los que estarán en la instancia por cuatro años, con la posibilidad de extender su permanencia un solo periodo.
Respecto al nombramiento de los miembros del Consejo, dos serán designados por el Senado, otros dos por la Cámara de Diputados y el restante por las universidades del Consejo de Rectores.
La Moneda pretende eliminar el 50% de los funcionarios a lo largo del país y del 70% de los abogados de la repartición, con la consiguiente reducción de recursos, mientras que el ministro Fernando Rabat evitó vincular estos cambios al INDH como una respuesta a las querellas que presentó durante el estallido social y que cuestionaban el accionar policial.
“Tiene que ver con el hecho que para el Ejecutivo es fundamental que el Instituto tenga un rol de carácter consultivo y no ejecutor. Ese es todo el objetivo que estamos persiguiendo”, se limito a consignar.
