El bien público y las decisiones políticas

En su última sesión, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) rechazó autorizar la emisión de un nuevo spot televisivo de 30 segundos, realizado por la Secretaría de Comunicaciones de gobierno, que informaba sobre las formas de participación individual en el proceso constituyente convocado por el Ejecutivo. El material audiovisual debería emitirse en horario prime por todos los canales de señal abierta, de manera gratuita, en el entendido que se trataba de una campaña de bien público.

Por ser un asunto de quórum calificado, se requerían siete votos de los integrantes del citado Consejo para aprobar la solicitud y solamente se obtuvieron seis. Entre quienes rechazaron la emisión figura un consejero del CNTV, que también forma parte del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente. Motivo para otros análisis, baste decir que el mencionado grupo de observadores también rechazó la pieza publicitaria gubernamental por no haber tenido acceso a conocerla con anticipación pero, además, por no cumplir los debidos estándares de “ausencia de sesgo político”.

Que la mayoría de los chilenos es partidario de una nueva Constitución pareciera ser un asunto poco discutible: el tema estaba contenido en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y ella ganó las elecciones por más de un 60% de los votos. Pero el mecanismo y los plazos para concretarla no fueron ni han sido sometidos a consideración ciudadana y son, por esencia, decisiones de gobierno eminentemente políticas. Entonces ¿debe ser considerada campaña de bien público una acción política impulsada por el gobierno de turno? En un sistema de medios privados como el chileno –aceptemos excluir a TVN- ¿se puede obligar a esas empresas de comunicaciones a difundirlas gratuitamente y en horario privilegiado?

Reiterar el problema de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la ausencia de pluralismo informativo y la orfandad mediática de los sectores de centro izquierda puede parecer monserga, pero es una realidad. Ningún gobierno de la Concertación ni la actual Nueva Mayoría hicieron ni han hecho nada por cambiarla. El punto es que si el diagnóstico está hecho hace tiempo y es conocido por todos, cabe aspirar a estrategias comunicacionales de gobierno acordes con el contexto en que se desenvuelve la información en Chile.

Una nueva Constitución gestada de manera participativa, producto de una amplia discusión ciudadana no solamente implica una carta fundamental asumida y reconocida por todos, sino que un extraordinario ejercicio cívico que favorece la democracia. Ese es un punto de vista que compartimos algunos, probablemente muchos…pero no todos. Entonces, en la medida que se trate de opciones políticas, pretender recurrir como mecanismo de difusión a la campaña de bien público parece facilista.

El actual gobierno –como cualquiera- tiene derecho a difundir sus propuestas y a promover su accionar en aras del respaldo ciudadano. Aquellos que rasgan vestiduras exigiendo neutralidad saben que eso es absurdo en cualquier sistema político democrático. Pero también es muy cierto que las comunicaciones del actual gobierno requieren un esfuerzo creativo mayor, en soportes, formas y contenidos, aceptando de una vez por todas que el sistema medial y legal no es afín y que nada indica que vaya a cambiar en un horizonte cercano. Ese es el desafío.