Una de las últimas iniciativas legislativas presentadas en el Congreso Nacional, contempla la modificación del artículo 959 del Código Civil con el objeto de limitar el monto que un heredero puede percibir por concepto de herencia. Este proyecto estipula un tope de $4.000 millones de pesos por heredero, consagrando que todo cuanto exceda ese monto, pasará directamente al Fisco.
La diputada Natalia Castillo –una de las precursoras de la iniciativa–, esgrime que el fundamento de esta iniciativa es que “no les parece la acumulación de riqueza”, mientras que otros diputados como Giorgio Jackson salen a respaldar el proyecto afirmando que “la herencia como concepto es contraria al ideal de meritocracia” y que “la excesiva concentración genera efectos dañinos a la economía y a la sociedad”.
Llama la atención, que en un intento por justificar la connotación negativa que se asigna a la acumulación de riquezas, algunos partidarios de la moción presentada por los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista se amparen en la teoría económica propuesta por Adam Smith, quien es ampliamente considerado como el padre del liberalismo económico.
Parece tratarse de una comprensión descontextualizada de su propuesta económica, pues Smith nunca se manifestó en contra de la riqueza heredada, sino más bien contra la posibilidad de seguir disponiendo de bienes aún después de muerto. Aquí merece la pena distinguir entre el derecho del causante para disponer de los bienes, y el derecho de los herederos sobre la propiedad del causante, que es justamente lo que se da en el caso de las herencias.
Por otro lado, la doctrina de Smith parece inaplicable para fundamentar este proyecto, pues lo que el economista siempre reprochó fueron los monopolios, especialmente cuando estos recaen en el gobierno, transformándolo en una amenaza para la riqueza de las naciones. Es inimaginable pensar que, además del monopolio de la fuerza, el Estado se apropie –pues no es expropiación, dado que no se recibirá compensación– de los patrimonios privados que excedan un determinado monto fijado de manera arbitraria.
Recordemos que el Estado ya cuenta con el monopolio de la fuerza, y que además no suele caracterizarse por su eficiencia en la administración de los recursos. Lo que debe propiciarse ante este escenario, es la desconcentración de los recursos mediante la libre disposición de estos. En este sentido, las iniciativas en materia legislativa debiesen apuntar a promover la libertad en las disposiciones hereditarias, permitiendo por ejemplo, mayores porcentajes de donación a instituciones de beneficencia, pero no circular en sentido contrario, promoviendo políticas que atentan contra la propiedad y la libertad de los ciudadanos, pues esa sería una verdadera incompatibilidad con la democracia.
