En Chile, nuestra Ley de Protección al Consumidor establece como un derecho básico e irrenunciable de los consumidores recibir información veraz y oportuna sobre las características relevantes de los bienes y servicios disponibles en el mercado y a que ellos se ofrecen. Pero, además, los consumidores tienen la obligación de informarse responsablemente de los bienes y servicios que contraten.
Lo anterior significa también que los consumidores tienen el deber de conocer sus derechos para hacerlos efectivos.
Ahora bien, ¿qué sucede con la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la información? ¿Puede el consumidor fiarse de ellas para conocer sus derechos? ¿le cabe alguna responsabilidad al administrador de esta herramienta ante la entrega de información errónea al consumidor?
Hace pocos meses, se ha conocido la irrupción del Chat GPT-3, un tipo de inteligencia artificial o red neuronal de aprendizaje profundo creada por OpenAI, que puede generar contenido como si se
tratase de un humano mediante la generación de lenguaje natural.
Esta herramienta permite además que cualquier usuario pueda introducir cualquier pregunta en la
aplicación y GPT-3 intentará generar una respuesta apropiada para contestar a la pregunta de la manera más correcta y eficaz posible.
Si uno pone a prueba la herramienta puede obtener respuestas correctas en el ámbito de consumo siempre que se trate de temas generales, como qué es la ley de protección del consumidor en Chile, qué se entiende por garantía legal o qué es la publicidad engañosa. Realizadas todas estas preguntas el Chat GPT-3 contesta relativamente bien, sin un nivel de precisión, pero sin cometer errores.
No obstante, si queremos respuestas más concretas, como cuál es plazo de la garantía legal y qué derecho me otorga, el chat pierde precisión, por ejemplo, nos dice que el plazo de la garantía legal es de un año para los bienes durables, cuando en Chile es de seis meses.
Tampoco nos contesta con exactitud qué derechos nos entrega la garantía legal, acierta en algunos y yerra en otros, cuando nuestra Ley es clara en indicar que nos da el derecho a pedir la devolución del precio, cambio de producto o solicitar la reparación de este ante la falta de conformidad, todo esto a elección del consumidor.
Respondiendo la pregunta inicial, en el sentido de si el administrador de esta herramienta tecnológica puede ser responsable ante la entrega de información falsa al consumidor, la respuesta en caso de un uso gratuito no puede dar origen a una relación de consumo, pues faltaría el pago del precio, requisito necesario para caer en la órbita de la ley del consumidor.
Sin embargo, si el consumidor paga un precio por disponer de un uso premium de esta herramienta, y la información que suministra esta aplicación no es exacta, podríamos estar frente al caso de un servicio que no cumple con las expectativas del consumidor (técnicamente, “inidóneo”), y podría tener lugar el ejercicio de la garantía legal en materia de servicios.
Por cierto, esta herramienta seguirá perfeccionándose durante el tiempo. Por lo pronto, los consumidores que la quieran contratar, pero especialmente los proveedores que quizás quieran implementarla en sus procesos de venta deberán tener claridad acerca de las limitaciones actuales de esta plataforma, en especial en lo relativo a la información legal que suministra hacia las personas.
