Los últimos datos sobre convivencia escolar, recopilados por la Superintendencia de Educación, muestran que durante marzo ingresaron 1.084 denuncias de conflictos ocurridos al interior de los colegios. Esto representa un alza de un 25,9% respecto a las denuncias ingresadas durante el mismo mes en 2022. El aumento de los problemas de este tipo dentro del sistema educativo atrae la atención hacia la gestión gubernamental, toda vez que la violencia escolar y otros problemas relacionados tienen un impacto negativo sobre los aprendizajes y la inserción social de los estudiantes.
En Acción Educar, realizamos un estudio sobre los efectos negativos de la violencia escolar en el rendimiento académico. El análisis mostró que un niño o niña que ha recibido frecuentemente violencia física y/o verbal tendrá un puntaje, en promedio, 14 puntos más bajo en Comprensión Lectora y 7 puntos más bajo en Matemáticas en la prueba SIMCE de 4° básico.
Por ello, las cifras registradas sobre denuncias son alarmantes, especialmente en el contexto de la pérdida de aprendizajes que se produjo durante la pandemia. Los problemas de convivencia escolar, que se mantienen en un nivel preocupante, podrían ser la piedra de tope para la postergada reactivación educativa.
Esta crisis y sus efectos sobre los aprendizajes ameritan una acción urgente en este ámbito. El Plan de Reactivación Educativa presenta interesantes programas al respecto, como el plan “A Convivir se Aprende”. Sin embargo, su expansión a otras comunas ha tomado bastante tiempo, teniendo en cuenta la importancia del desafío. Al mismo tiempo, el uso eficiente de los recursos fiscales, otro principio que debe orientar la implementación de la política pública, no dialoga con la ejecución de programas cuya efectividad ha sido cuestionada por la evidencia, como el llamado “Habilidades para la Vida” (de Chaisemartin y Navarrete, 2020). El Plan de Reactivación Educativa amplía significativamente la cobertura de este programa, aun cuando una evaluación de impacto de éste concluye que no logra los efectos deseados.
El Estado tiene el deber de enfrentar esta crisis con un enfoque integral, dedicando especial énfasis y recursos a la capacitación de los docentes y asistentes de la educación para prevenir y resolver conflictos dentro de los establecimientos. Asimismo, debe fomentar que las comunidades educativas gestionen una mayor participación de los apoderados en la convivencia escolar.
