La ley del Lobby, no es una norma de gran relevancia en nuestro país. Como un apoyo a la transparencia pública, este cuerpo legal sólo exige, grosso modo, llevar un registro público de la agenda o las reuniones de autoridades con poder de decisión que tengan con representantes de intereses particulares que buscan influir en dicha decisión. Por cierto, un mínimo que toda autoridad debería cumplir.
Sin embargo, en los últimos días, varios ministros de Estado se han visto muy incómodos, dando curiosas declaraciones y excusas para justificar ciertas reuniones privadas con conocidos lobbistas y regulados sin registrarlas por la ley del lobby.
Cuando el ministro de economía, Nicolás Grau, señala: “No todo diálogo es lobby”, o el ministro de Justicia, Luis Cordero, en su rol de defensor jurídico del Gobierno indica que “la ley de Transparencia y Lobby no regula el lobby”, están enviando una señal clara de relajo y una laxitud impropia a toda la administración -subsecretarios, seremis, jefes de servicio- que las normas pueden incumplirse sin consecuencias.
Aún más desconcertante es el caso de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que declaró que “no lo tenía claro” que con quién se reunió era lobbista (remunerado) y que, a partir de ahora, van a registrar todas las reuniones, intentando justificar la inobservancia de la ley en una supuesta ignorancia sobre su contenido que, por lo demás, en ningún caso exonera de su cumplimiento.
Lo anterior es particularmente grave dado los recientes casos de corrupción que han golpeado el tesoro fiscal, dinero de todos los chilenos pagados a través de los impuestos, los que han ido a parar ilegalmente a manos de militantes y cercanos de algunos partidos oficialistas. Son momentos en que el estándar de exigencia de una ética pública debe ser una prioridad.
Más allá de los casos puntuales, en los cuales puede debatirse si existía la obligación de registrarlas o no, es preocupante la señal de deterioro respecto al cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en la administración pública.
El acceso a la información y la transparencia son herramientas eficaces no solo en contra de la corrupción sino que cumplen un rol fundamental para que la ciudadanía, la sociedad civil, los medios de prensa y centros de estudios, entre otros grupos, puedan fiscalizar la eficiencia de los servicios, y cuestionar el posible malgasto de los recursos públicos.
A nuestras autoridades no se les está exigiendo nada adicional que no le sea exigido al resto de los chilenos. Como todos, ellos están obligados a cumplir, al menos, con las exigencias impuestas por la ley.
Si los ministros de Estado tenían la duda si los eventos o reuniones eran o no sujetos a registro por la ley del lobby, la prudencia siempre indica que es preferible actuar sobre seguro, cumpliendo íntegramente con las normas.
El Gobierno y en especial sus autoridades, que tienen a su cargo el presupuesto de la Nación, de los más grandes de la historia de Chile por cierto, no pueden dejar que los avances en transparencia, eficiencia y probidad del Estado se destruyan. Lo mínimo que se puede esperar de nuestras autoridades es que cumplan con el mínimo exigido y en un ideal, un estándar superior al mínimo legal. Lamentablemente hoy, no se esta cumpliendo ni con lo uno ni lo otro.
