Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, y con ello decenas de alcaldes en ejercicio van por la reelección a sus cargos. Solo en la Región Metropolitana, más de veinte alcaldes aparecerán en la papeleta de octubre buscando mantenerse como autoridades comunales por un periodo más.
Pero la reelección inmediata, si bien permite a los alcaldes consolidar a mediano y largo plazo planificaciones de trabajo, políticas y proyectos en sus municipios, dando cierta estabilidad y continuidad al ejercicio del cargo, no obsta a diversos peligros que han sido ampliamente estudiados y debatidos.
Las múltiples atribuciones y facultades que la ley atribuye a las municipalidades, los abundantes recursos públicos que administran, y la relativa autonomía de la que gozan son caldo de cultivo para que, junto a la perpetuación de las autoridades comunales derivada de la reelección inmediata, se instalen en los municipios prácticas corruptas, clientelismo y un débil control a la función pública que ejercen.
Son múltiples los escándalos y fraudes que se han destapado en diversas municipalidades a lo largo de todo Chile en los últimos años, siendo los casos de Sierra Bella, en Santiago, o de las corporaciones municipales, en Vitacura, la punta de un iceberg que durante mucho tiempo se mantuvo silente e ignorado.
Hoy, más de una decena de alcaldes se encuentran enfrentados a la justicia en procesos penales, en una ola inédita de formalizaciones a autoridades comunales de todos los sectores políticos. Ello habla de un problema estructural en la organización y control municipal respecto del cual alguna responsabilidad es posible atribuir a la reelección inmediata, siendo un factor que favorece la concentración de poder y dificulta la alternancia.
Los casos de Daniel Jadue, en Recoleta (donde ha ejercido 12 años como alcalde), Miguel Ángel Aguilera, por San Ramón (donde fue concejal 12 años y alcalde otros 9), o Raúl Torrealba, en Vitacura (donde ejerció como edil 25 años), son solo algunos de los más de 600 casos abiertos que está actualmente investigando el Ministerio Público relacionados a eventuales delitos cometidos por alcaldes y funcionarios municipales en el ejercicio de sus cargos.
Con la ley 21.238 se limitó la reelección de diversas autoridades públicas, entre las que se cuentan diputados, senadores y alcaldes. Éstos últimos ahora solo pueden ejercer un máximo de tres períodos sucesivos, buscando evitar esa concentración de poder que tantos riesgos trae en materias de probidad y transparencia.
Uno de los riesgos más notables a la hora de tener alcaldes en ejercicio buscando la reelección dice relación con el buen uso de los recursos públicos, con el usar la vitrina propia del cargo como medio de campaña, y usar horas de funcionarios y propias para llevar una campaña electoral en desmedro de las urgencias reales que deben ser tratadas en la comuna.
Los ejemplos son diversos. El Consejo para la Transparencia denunció públicamente a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por publicar videos junto a Carabineros recuperando inmuebles ocupados con un evidente cariz de campaña. De la misma forma, el aumento exponencial de funcionarios contratados en el último tiempo en la municipalidad de Ñuñoa por su alcaldesa, Emilia Ríos, levanta sospechas y suspicacias en cuanto a cómo el incumbente se desenvuelve como autoridad con evidentes conflictos de interés.
La disyuntiva a la que se ven enfrentados los alcaldes es evidente: velar por el bien de la comuna, o buscar favorecer su imagen política ad portas de una nueva elección.
Este escenario no es nuevo, sino que se repite cada 4 años, por lo que se hace necesario revisar la institución de la reelección inmediata de la máxima autoridad comunal, y de mantenerse, fortalecer mecanismos de control efectivo de la probidad y del buen uso de los recursos públicos municipales en periodos de campaña, poniendo freno a una situación que presenta una evidente desventaja del candidato no alcalde ante al candidato alcalde, quien puede emplear a su antojo la maquinaria municipal en su beneficio.
