En Chile llevamos 16 años escuchando las mismas promesas: reducir listas de espera en salud, ampliar el acceso a la vivienda, mejorar la educación, fortalecer la cultura, combatir la inseguridad ciudadana y —cómo no— aprobar una reforma tributaria.
Cambian los contextos y los énfasis —hoy el foco está en crimen organizado y narcotráfico; ayer eran los portonazos; hoy hablamos de un “Plan de Emergencia Habitacional”, ayer era el programa “Techo Digno para Todos” del gobierno de Michelle Bachelet— pero la melodía de fondo se repite campaña tras campaña.
La razón no está en la falta de ideas, sino en un Estado diseñado para otra época, con estructuras pesadas, procesos engorrosos y una alta rotación de equipos técnicos cada cuatro años.
Todos los programas presidenciales, en 16 años, proponen lo mismo en materia de gestión pública, pero ninguno se atreve a plantear una reforma profunda del Estado, aun cuando sin ella resulta imposible concretar los cambios que se prometen.
La sobrepolitización agrava el problema. Cada gobierno siente la necesidad de reformular lo que hizo el anterior, en vez de evaluar con objetividad qué funciona y continuar desde ahí. Ese retroceso permanente impide consolidar políticas públicas y generar confianza en el largo plazo.
Hay avances puntuales, como la reducción de permisos para iniciar proyectos de inversión en este gobierno, pero la conversación pendiente no es si atacamos listas de espera, viviendas o seguridad —que por supuesto son prioritarias—, sino cómo construimos un Estado ágil y profesional capaz de dar continuidad a lo bueno, corregir lo malo y cumplir las promesas sin reiniciar cada cuatro años.
Porque, seamos francos: si no existe una reforma del Estado, no vamos a avanzar.
