La guerra en el Medio Oriente y el estrés de las cuentas fiscales pusieron al Gobierno en una compleja posición a pocos días de iniciar su mandato: no hay plata para seguir subsidiando los combustibles. Frente a esa cruda realidad, optó por hacer lo correcto, sincerar los precios internacionales, compensar con medidas focalizadas y pagar un elevado costo político. Nada fácil.
Pero esta crisis no nos puede desviar de lo importante: la obligación de volver a crecer y en paralelo recortar en forma permanente un gasto fiscal que ya no podemos financiar.
El punto de partida no es bueno. Aún cuando el Banco Central ajustó al alza el desempeño del 2025, la economía mostró una marcada ralentización el último semestre, creciendo apenas un 1,7%. Para 2026, el reciente IPoM agregó el efecto inflacionario de los combustibles —4% al cierre del año—, y ajustó a la baja la proyección de crecimiento, con un rango medio del 2%. Por otro lado, las cuentas fiscales no gozan de buena salud. Según el último Informe de Finanzas Públicas (IFP Dic 2025), los compromisos de gasto para 2026 son de 23,8% del PIB, pero los ingresos de apenas 22% del producto; mientras el déficit estructural sería de a lo menos 2,7% del PIB, todo a la espera de las cifras que se actualizarán en mayo y de las alertas del Consejo Fiscal Autónomo que anticipan un nuevo incumplimiento de la regla fiscal.
Crecer y recortar: la ecuación no es fácil. Para recuperar la actividad, el plan de Kast es apropiado: la reducción de la permisología medioambiental y la agenda tributaria —rebaja del impuestos corporativos, reintegración, invariabilidad tributaria y mecanismos de ahorro— serán fundamentales para recuperar nuestra competitividad y aumentar la inversión de 25 a 28 puntos del producto. Pero la economía política de estas reformas será compleja. Para ejemplificar la magnitud del desafío, me detendré en la rebaja del impuesto corporativo.
Utilizando como excusa la estrechez fiscal, se alzarán voces que caricaturizarán la discusión, señalando que las empresas evaden impuestos por antonomasia y que serán “los ricos” quienes disfruten los beneficios de la rebaja. Nada más lejos de la realidad. No es razonable que Chile sea el único integrante de la OCDE que durante los últimos 20 años subió la carga tributaria de las empresas muy por sobre el promedio, mientras 34 de los 38 países integrantes la bajaron. El ejemplo de Irlanda es paradigmático.
Por cierto, rebajar la tasa de primera categoría de 27 a 23 tiene un costo fiscal —aprox. 0,36 puntos del PIB (Comisión Marfan)—, pero no olvidemos que su objetivo no es abultar las arcas del Estado, sino que apuntalar la inversión, crear más empleo y aumentar los salarios. Con todo, existen mecanismos viables de compensación, entre ellos una implementación gradual; buscar otras fuentes de recaudación, como una regulación pro consumidor y promercado de las apuestas en línea; y garantizar que los recortes de gasto sean refrendados en las sucesivas leyes de presupuesto y otros cuerpos legales para asegurar su carácter permanente. Si el Gobierno lograra rebajar US$8.000 millones de gasto en los 4 años habrá reducido significativamente el déficit y compensado la menor recaudación.
El debate político se intensificará, veremos actuaciones performáticas y presiones populistas en el Congreso, con déjà vu perversos como los retiros previsionales, discursos estridentes y poca evidencia. Entonces, la capacidad del Gobierno para comunicar los beneficios y los costos y conducir acuerdos programáticos, se pondrá a prueba. Ya no podemos seguir atrapados en la mediocridad de un Estado incapaz de dar respuestas y una economía aletargada en velocidad crucero. Para dar el salto tenemos que tratarnos como adultos, actuando con responsabilidad y coraje, aunque sea impopular. Apuremos el tranco, no queda mucho tiempo.
