Señor director:
Si interpretar es “descubrir el verdadero sentido de algo”, debemos entender qué ha pasado con el reciente rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a la presentación del Gobierno frente al retiro de los fondos de las AFP. La insólita declaración del ex presidente del TC, Iván Aróstica, preguntándose “¿qué tiene que hacer el TC para solucionar el problema de la gente?”; es un error voluntario, pues obviamente esa no es su competencia. Esta equivocación es absolutamente intencionada, ya que es un llamado desesperado a redefinir su esencia. Está provocada por la incapacidad de los políticos de resolver la falaz contradicción de “derechos sociales v/s derechos económicos”, a la que nos han acostumbrado mediante una permanente abdicación negligente y cobarde, endilgándosela a la judicatura, ya sea constitucional u ordinaria.
La búsqueda del bien común supone armonizar y hacer compatibles las decisiones políticas con la Carta fundamental. Cabe recordar que en Chile se han “vendido” leyes al mejor postor, con grave perjuicio de pescadores, obreros, pymes y minorías. La judicatura constitucional en Chile no puede seguir sirviendo de excusa para presionar o vetar políticamente leyes, que contravienen los intereses de aquellos que mantienen cuotas de poder en este país, sino para, hermenéuticamente, fomentar el bien común. Es necesario para un Estado de Derecho, que ahora tendrá –como caso único en el mundo- una Constitución moderna consensuada por toda la sociedad.
Es imprescindible contar con un TC autónomo y técnico, que vele por la supremacía del texto que escrituremos democráticamente, de forma de que en el futuro no pueda ser vulnerado por mayorías ocasionales que desprotegen lo que con tanto esfuerzo estamos construyendo.
