Estas son las críticas contra el plan británico para vigilar llamadas y correos

El plan del Gobierno británico para dar acceso a la policía y los servicios secretos a información sobre correos electrónicos, llamadas y mensajes de móvil de los ciudadanos levantó hoy en el Reino Unido numerosas críticas.

Políticos y organizaciones para la defensa de los derechos civiles censuraron el programa gubernamental desvelado ayer que permitirá a las fuerzas de seguridad conocer cuándo y con quién se comunica cada persona, si bien no el contenido de esos intercambios.

“Lo que se proponen es permitir un acceso sin restricciones a cada comunicación que se produce”, señaló a la cadena BBC Radio 4 el exresponsable de Interior del partido conservador David Davis, para quien el Ejecutivo de David Cameron planea una “vasta ampliación de sus poderes” en ese terreno.

El Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas tiene previsto aprobar “tan pronto como los tiempos parlamentarios lo permitan” un proyecto por el cual las compañías de internet y telefonía deberán facilitar acceso a las comunicaciones de la población en tiempo real, según explicó ayer el Ministerio de Interior británico después de que lo adelantase “The Sunday Times”.

“Para proteger a la ciudadanía, es vital que las fuerzas de seguridad tengan acceso a las comunicaciones en determinadas circunstancias para investigar delitos especialmente graves y luchar contra el terrorismo”, indicó el Ministerio de Interior.

Los datos que se recabarán en el centro de escuchas de Cheltenham (oeste de Inglaterra), conocido por sus siglas GCHQ y cuyas actividades son secretas, incluyen la hora y la duración de cada llamada telefónica, así como los destinatarios de correos electrónicos y mensajes de texto.

“Argumentan que no se accederá al contenido de los mensajes y es verdad, no podrán escuchar las conversaciones, pero sí podrán ver las direcciones de páginas web que alguien consulta, y eso es contenido”, consideró Davis.

El director del Centro de Estudios para Seguridad e Inteligencia de la Universidad de Buckinhgam, Anthony Glees, defendió por su parte la medida al argumentar que servirá para tratar de evitar sucesos como el asesinato de siete personas en la región francesa de Toulouse a finales de marzo, según recoge el diario “The Guardian” en su edición digital.

Para Glees, algunos críticos de la propuesta del Ejecutivo británico están “un poco obsesionados” con la privacidad, lo que “va en favor de aquellas personas que quieren quitarles la libertad al resto de los ciudadanos”.

La organización por los derechos civiles “Liberty”, por su parte, subrayó que el plan del Ejecutivo constituye la “resurrección” de un proyecto similar propuesto por los laboristas al que tanto conservadores como liberaldemócratatas se enfrentaron cuando estaban en la oposición.

“No importa quién esté en el Gobierno, las ambiciones de las agencias de seguridad para favorecer el espionaje nunca se alteran”, señaló el portavoz de esa organización, Ian McDonald.

Benjamin Ramm, director de la revista política “Liberal”, señaló por su parte que le resulta “difícil de creer” que el partido que lidera el viceprimer ministro británico Nick Clegg (Liberal Demócrata) impulse esa medida debido a su tradición progresista.