Los diputados democratacristianos Gabriel Silber y Víctor Torres anunciaron que este martes recurrirán a la Contraloría General de la República para pedir que inicie un juicio de cuentas en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich y del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, para que “devuelvan, de su patrimonio personal, los más de $ 430 millones gastados en publicidad para anunciar el fin de la lista de espera Auge”.
Ambos legisladores son miembros de la Comisión de Salud de la cámara y realizarán la presentación basados en dictámenes ya emitidos por la Contraloría General de la República.
El diputado Silber, en una declaración de prensa, explicó que “acá se gastaron más de 19 mil UF, más de 430 millones de pesos, en una campaña sobre un logro inexistente, una publicidad engañosa sobre una meta no cumplida, a fin de cuentas, sobre algo que no existía, con recursos públicos”.
“Por ello, pediremos a la Contraloría que inicie el juicio de cuentas respectivo, contra el ministro Mañalich y el subsecretario Castillo, para que, con su patrimonio personal, devuelvan los dineros de todos los chilenos que fueron mal gastados, tal como lo establecen las normas jurídicas y administrativas”, dijo Silber.
“Hay dictámenes de la Contraloría que son muy claros en este tema y por ello haremos esta presentación, para que, a partir de sus mismos informes, éste órgano ordene la inmediata restitución de estos recursos”, agregó el diputado.
Por su parte, en la misma nota, Víctor Torres sostuvo que “nos parece inaceptable que el Gobierno aún mantenga en su cargo al ministro y al subsecretario de Redes, cuando un contundente informe de la Contraloría ha dejado en evidencia que ambos manipularon datos para hacer aparecer un logro que no era tal, involucrando a todo el Gobierno y al propio Presidente en esta situación”.
“Con la salud y la necesidad de la gente no se juega, y acá se ha usado plata de todos los chilenos para anunciar una meta sanitaria que estamos lejos de cumplir. Muchos chilenos para estar presente en estas cifras fueron sacados administrativamente de la lista de espera y no pudieron seguir exigiendo la garantía que la ley les permitía”, agregó Torres.
Ambos legisladores anunciaron que “creemos que es necesario hacer una revisión de esta situación en todos los hospitales del país, ya que acá sólo se revisaron seis de ellos y se encontraron estas anomalías, y no descartamos hacer uso de las demás herramientas que nos da la ley para ejercer nuestro rol fiscalizador”.
