Continúan los coletazos luego de que Juan Emilio Cheyre, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, reconociera su participación en la entrega de Ernesto Lejderman a un convento en 1973, luego de que sus padres fueran ejecutados por militares, en plena dictadura militar.
Esta situación “es una falta de respeto ya que preside una de las instancias más democráticas que exiten en el país”, explica Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos quien mañana se dirigirán al Servel para entregarle una carta de repudio al militar.
Junto a ella, llegarán también la vicepresidenta del Partido Socialista, Carola Rivero, junto a la viuda del sociólogo degollado José Manuel Parada, Estela Ortíz y la nieta del Presidente Allende y candidata al parlamento, Maya Fernández.
Pese a eso, Mireya García, asegura que las palabras de Cheyre no le causaron mayor sorpresa, porque “esta información la conocemos hace muchos años y la cantidad de denuncias y acciones legales que se han puesto no son pocas”.
García explica además que “la carta señala concretamente que Cheyre tiene que renunciar y que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe se digne a entregar la verdad que aún oculta sobre los detenidos desaparecidos”.
Esto, porque según la dirigente “hay situaciones que apuntan a Cheyre y que nunca han sido aclaradas. Ha contado con mucha protección porque la desinformación es muy grande”.
“Lo lo más seguro es que si se sabe esa verdad completa, Cheyre tendrá que responder ante la justicia”, remató.
