Organismos relacionados a los derechos humanos condenaron hoy enérgicamente el ataque que sufrió en Chile la sede del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), agrupación que defiende la discriminación a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB).
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalaron su preocupación por el ataque homofóbico que llenó de rayados ofensivos y despectivos el frontis de las dependencias del Movilh el pasado 17 de mayo.
“Este ataque resulta especialmente preocupante, considerando el rol que desempeña este tipo de organizaciones defensoras de los derechos humanos”, señaló el documento.
En esa misma línea, Acnudh e INDH, recordaron el “deber” del Estado de “investigar exhaustivamente y sancionar a quienes resulten responsables de estos hechos, con el fin de evitar que estas formas de violencia se reiteren o agraven”.
“El Estado de Chile ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía contra la discriminación por cualquier motivo, incluida la orientación sexual e identidad de género”, agregó el texto.
En el gobierno en tanto, el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, calificó este lunes como “inaceptable” el ataque a la sede del Movilh.
Al visitar el lugar afectado, la autoridad señaló que “si no condenamos estas agresiones desde el principio después tenemos hechos dramáticos como fue el caso de Daniel Zamudio”, joven que murió tras casi un mes de agonía tras un brutal ataque homofóbico en el año 2012.
El ministro también añadió que “ninguna forma de discriminación es aceptable” y por ello “es muy importante que estemos alerta para condenar toda forma de incitación al odio y todo acto de agresión”.
Debido al homicidio de Daniel Zamudio, el parlamento chileno aprobó el 5 de mayo del año 2012 la ley de antidiscriminación cuya tramitación se había extendido por siete años.
Ésta ley dejó establecido que cualquier delito impulsado por una situación ideológica o discriminatoria, ya sea por religión, raza, etnia, condición u orientación sexual puede ser considerado como una agravante por el juez al momento de evaluarse penalmente alguna actitud que haya tenido por objeto discriminar o menoscabar a un tercero.
