Durante los primeros días de marzo, el ex ministro Cristián Larroulet aseguraba que la promulgación de la Ley de Lobby era “un avance sustancial para la transparencia y para la calidad de la política”. A tres meses de esa jornada, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet anunció “perfeccionamientos” al cuerpo legal que regula dicha actividad.
La ministra de Segpres, Ximena Rincón, aseguró que “La existencia de una ley es, sin duda, un gran avance. Sin embargo, debemos reconocer que posee significativas deficiencias (…) Resulta paradojal, por ejemplo, que los protagonistas de la actividad que se pretende reglamentar, no sólo no estén obligados a registrarse, sino que además no se les pueda sancionar en caso que incurran en tráfico de influencias o tengan conflictos de interés”.
En este sentido, la secretaria de Estado adelantó que las modificaciones están referidas al aumento de las atribuciones del Consejo para la Transparencia, establecer un estatuto de “lobbistas habituales” y fija la obligatoriedad del registro previo y automático de lobbistas, consigna La Tercera.
