Caso SQM: Ciudadano Inteligente solicita interrogar a think tank ligada a la DC y a funcionarios de gobierno

A través de un documento entregado ayer, la Fundación Ciudadano Inteligente, a través de sus abogados querellantes Mauricio Daza, Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, solicitaron al fiscal nacional Sabas Chahuán que investigue a diversas personas que estarían vinculadas a la facilitación de facturas o boletas de servicios supuestamente prestados a la Sociedad Química y Minería de Chile (SQM) entre 2009 y 2014.

Según el oficio, estarían vinculados a la emisión de estos documentos tributarios actuales funcionarios de gobierno y personas vinculadas a un think tank ligado a la Democracia Cristiana (DC), el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), donde Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC, es la directora ejecutiva. Además se requirió que se identifique y citen a declarar los representantes de este centro y que se les interrogue sobre la existencia de boletas o facturas de servicios supuestamente prestados a SQM entre 2009 a 2014, el detalle de ellos, los montos involucrados y el destino de los dineros recibidos.

Según señalaron a La Tercera desde el Cegades, “nuestra Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro creada el año 1991, ha realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, ha publicado variados libros sobre estos temas y ha realizado múltiples asesorías. Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (…) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones”.

Luego agregaron que “por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado”.

También se le solicitó a la fiscalía que se le tome declaración a los funcionarios a contrata de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Christian Eduardo Fuentes Castillo, María Pilar Torres Machuca y Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo, por la supuesta existencia de boletas y facturas vinculadas a ellos. Además de Sofía Daniela Jaña Cabezas, secretaria ejecutiva de la Juventud UDI y al subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier, “tanto como persona natural o vinculado a la empresa Pecado Kapital”.