Lo más liviano que les dijeron fue “sinvergüenzas”. Esto, cuando se reveló que los parlamentarios habían estado recibiendo una suerte de “yapa”: un doble viático cuando estos salían del país, ya que en esas situaciones continuaban recibiendo el dinero que correspondía a su traslado al congreso, más las platas contempladas para su viaje en representación del Poder Legislativo fuera de nuestro país.
Meas culpas fueron y vinieron. Todos argumentaron que era una situación de carácter administrativo de la que no se dieron cuenta, y empezó un retorno masivo de muchisísimos pesos por parte de los legisladores.
Sin embargo, enfocado siempre en términos administrativos, el abogado Jorge Condeza hizo una presentación a la Contraloría, ente que fiscaliza el funcionamiento del Estado, para que investigara si se incurrió en algún tipo de falta en este caso.
El Mercurio reporta que la institución respondió al requerimiento y rechazó investigarlo, ya que “no corresponde intervenir ni informar sobre el asunto planteado, ya que las facultades fiscalizadoras de este organismo de control no alcanzan a las actuaciones de los parlamentarios”.
También agregaron que “los funcionarios y recursos públicos de los diversos órganos del Congreso Nacional” no pueden ser investigados por Contraloría.
No obstante, aún está pendiente si es que se abre o no una persecución penal, de la cual está a cargo de la fiscalía regional de Valparaíso, la que a su vez encabeza el persecutor Pablo Gómez.
